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Gabriela Cerruti fue imputada en el marco de una causa impulsada por el fiscal Carlos Stornelli. La investigación sigue los pasos de una ONG que recibió subsidios millonarios de parte del Estado. Dicha organización administra los negocios de la portavoz presidencial y es manejada por una empleada de la funcionaria.
La ONG implicada es la “Asociación Civil Centro Cultural del Buen Vivir por la Cultura y el Arte”, que recibió recientemente un subsidio por $2.226.425. Según afirma el portal El Disenso, la firmante que aprobó el fondo económico para la organización es una funcionaria del equipo de Gabriela Cerruti.
Tras hacerse público el hecho, el abogado Santiago Dupuy de Lome formalizó una denuncia penal contra la portavoz presidencial por posible malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El expediente recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 3 a cargo del Doctor Daniel Rafecas, donde la denuncia fue ratificada y el fiscal Carlos Stornelli comenzó a investigar los negocios de Gabriela Cerruti.
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