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La relativa pasividad fiscal impulsada por el ministro Martín Guzmán llega a su fin dada la intervención de Cristina Kirchner sobre la política económica. El Gobierno vuelve a radicalizarse hacia la izquierda e impulsa un nuevo paquete de medidas para tratar de comprar votos en cara a las elecciones de noviembre.
En primer lugar, el oficialismo resolvió una revisión del salario mínimo pactado para fin de año. El cronograma original preveía un aumento del 35%, pero la suba efectiva llegará hasta el 45%, un aumento notable en términos reales. Los efectos negativos de esta medida sobre el mercado laboral podrían decantar incluso en el corto plazo.7
El segundo punto fuerte de los anuncios es el lanzamiento de un nuevo “bono de emergencia” por $6.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta dos haberes mínimos. Dado el oportunismo de las medidas, el carácter de emergencia de los bonos no parece ligado a un aspecto social sino más bien una emergencia electoral.
En la misma dirección, el Gobierno actualmente analiza la posibilidad de no aplicar el tope que establecía la fórmula previsional fijada por el propio Martín Guzmán el año pasado. La reforma de la fórmula jubilatoria incluye un cierto límite sujeto a la recaudación efectiva de la ANSES, cuando antes simplemente se aplicaba una fórmula matemática sobre la evolución de los salarios o la inflación.
Aunque Alberto Fernández trató de defenderse de las críticas durante todo el 2020, afirmando que su nueva fórmula previsional no constituía un ajuste, ahora las críticas desde su propio espacio político volvieron a contradecirlo, críticas que provienen de la propia Vicepresidente y la diputada Fernanda Vallejos
En tercer lugar, el Gobierno se prepara para extender la red de créditos subsidiados a tasa cero, con el fin de estimular el consumo en el corto plazo a costa de mayores desequilibrios futuros. En este sentido, se evalúa un esquema similar al del “Ahora 12” para casi un millón de asalariados.
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