Pablo Tejada, titular del Juzgado Civil y Comercial 10 de Lomas de Zamora, le concedió al grupo Clear los dos meses más que pidió para efectivizar la transferencia de OCA, el mayor correo privado del país cuya quiebra está a cargo del magistrado.

 

Tejada le había adjudicado OCA a Clear el 30 de diciembre, luego de suspender definitivamente la segunda subasta que intentó hacer por la empresa. El oferente, un grupo con origen en Comodoro Rivadavia, conformado por dos empresas -Clear Petroleum y Clear Urbana– que fundó Cristóbal López hace tres décadas, propuso una prima de u$s 1,5 millón sobre los u$s 5,28 millones de precio base que estableció el magistrado para la última licitación que intentó. Cualquier interesado en quedarse con la empresa, cuya quiebra Tejada decretó en abril de 2019, debe poner un monto fijo, de u$s 18,5 millones, para saldar deudas con sus acreedores.

La primera subasta fue por un monto similar a la tasación: u$s 36,1 millones, entre los u$s 18,5 millones fijos para deudas, y un componente de precio (u$s 17,6 millones) sobre el que se realizaría la licitación. Tejada la decidió luego de rechazar una oferta de u$s 5 millones del Grupo Campici, dueño de Escudo Seguros, ex sponsor de IndependienteHugo Moyano, al que el último dueño de OCA, Patricio Farcuh, acusó de haberle usurpado la compañía, preside ese clubMás del 80{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de los empleados de OCA está afiliado a Camioneros. El gremio, además, es uno de los principales acreedores de la empresa y, en esa condición, comparte con el Gobierno nacional la gestión comercial de la compañía, como parte de la intervención judicial que la administra desde que Tejada ordenó el desplazamiento de Farcuh.

Sin embargo, OCA quedará en manos de Clear, que manifestó su interés hacia agosto del año pasado. Fue, de hecho, el único candidato a la primera de las fallidas subastas que cumplió con todos los requisitos que exigió el juzgado. Mientras avanzaba con la segunda, el juez le dio la opción de hacer una propuesta por la compañía. 

A través de su presidente, Juan Ignacio González PedrosoClear ofertó un plan que prometía el equivalente a u$s 70 millones, entre precio de compra, pago de deuda e inversiones en los tres primeros años. Propuso pagarlo en cuotas fijas, en pesos y con mínimos ajustes, en función de la propia caja que generara la empresa. Además, exigió participar inmediatamente en la administración, sin que eso significara compromiso firme de adquisición.

Tejada lo rechazó. E hizo propia una observación de la sindicatura, que cuestionó la capacidad financiera de la empresa para hacer frente a lo prometido, máxime cuando no especificó cuáles serían sus fuentes de financiamiento. Clear Petroleum está dedicada a los servicios petroleros había facturado $ 6258 millones en 2019, con una ganancia de $ 61,4 millones. Clear Urbana, de servicios de limpieza urbana, recaudó $ 536,5 millones y perdió $ 24 millones. 

Clear fue fundada por López. Pero el Zar del Juego le cedió sus acciones a ex ejecutivos suyos en 2011, después de haber comprado activos de refinación y estaciones de servicio de Petrobras Argentina para fundar Oil Combustibles. Los hijos de López permanecieron en los directorios de las Clear hasta 2017. La propuesta de González Pedroso tuvo el respaldo explícito de Camioneros.

Quince días después de haberla rechazado, Tejada le aceptó la oferta mejorada, ya con la prima de u$s 1,5 millón sobre el componente precio de la subasta. Como muestra de buena fe, a fines de octubre, Clear depositó los u$s 5,28 millones del precio base, en pesos, a tipo de cambio oficial. Se aseguró, así, sumarse a la administración. El juez lo permitió. El grupo patagónico desembarcó en el edificio de La Rioja y Moreno con una docena de ejecutivos. Dos meses más tarde, el magistrado le adjudicó la compañía.

Tejada le dio a Clear 20 días hábiles -es decir, todo el mes de febrero, tras la feria judicial de enero- para completar el pago del saldo de precio (u$s 1,5 millón). También, le permitió hacerlo pagando en efectivo, en efectivo en pesos a tipo de cambio oficial o a través de un seguro de caución, emitido a favor del juzgado. No hizo alusión a los u$s 18,5 millones.

El 31 de enero, además, falleció Farcuh, el último dueño de OCA, y, con él, las barreras judiciales que, por distintos reclamos cruzados -existentes y en gestación- podían frustrar la operación.

El primer día de marzo, Clear llevó al juzgado una póliza. Los acreedores -entre ellos, la AFIP- la cuestionaron porque estaba emitida por el equivalente en pesos al u$s 1,5 millón al cambio de fines de febrero. Alegaron que, con perspectivas de terminar transfiriendo la empresa en agosto, significaría un perjuicio, dado el contexto de devaluación progresiva y volatilidad cambiaria. También, objetaron la solvencia de las aseguradoras con las que se la contrató. Puntualizaron, además, que no había mención alguna de los u$s 18,5 millones.

Pocos días después, Clear corrigió. Presentó una nueva póliza, esta vez, nominada en dólares. Con las mismas aseguradoras. Se comprometió a saldar el u$s 1,5 millón restante (o su equivalente en pesos) el 30 de junio. Siguió sin aludir a los u$s 18,5 millones.

El juez Tejada le dio luz verde. Puso el 30 de junio como fecha límite, tanto para el pago como para la transferencia de los activos. El 29 de junio, Clear depositó $ 150,75 millones. Es decir, u$s 1,5 millón, al tipo de cambio oficial del Banco Nación del día previo. Dijo que saldaría el IVA correspondiente a la transacción una vez que se le pasaran los activos a una sociedad específica que, según los pliegos de la licitación, deberá crear para tal motivo. Pero pidió otros 60 días para tomar el control. No hubo, otra vez, alusión a los u$s 18,5 millones. Entre tanto, exigió tener firma -hasta entonces, sólo potestad de los interventores judiciales- para controlar ingresos y egresos.

Esto generó inquietud entre los peritos a cargo de la administración. En 2019, OCA facturó $ 5600 millones y perdió más de $ 2400 millones. En 2020, recaudó $ 8400 millones con un rojo de $ 3500 millones. Su patrimonio neto fue negativo en $ 400 millonesLos administradores advirtieron que, desde la adjudicación a Clear hasta mayo, OCA perdió otros $ 1500 millones, con pagos fiscales, a obras sociales, sindicatos y mutuales postergados. Para julio, estimaban un déficit mínimo de $ 300 millones, por encima de los $ 200 millones que promedió el año pasado.

Como, legalmente, la gestión de los administradores finalizaba el 30 de junio, le pidieron al juez que Clear se haga cargo de los compromisos después de esa fecha.

Sin embargo, en una resolución firmada el viernes de la semana pasada, Tejada le terminó concediendo a Clear los otros 60 días que pidió para asumir el control de la empresa. “Admítase la prórroga requerida, fijándose el día 31 de agosto de 2021 como fecha de toma de posesión y transferencia“, decidió. Le ordenó, además, a los administradores actuales, síndico y liquidadores que aprovechen ese tiempo para elaborar un plan de traspaso y ultimar todos los trámites, detalles y diligencias para eso. Y definió en más de $ 7 millones el monto de IVA que el comprador deberá pagar por la transacción.

 

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