LO ADELANTAMOS AÑO PASADO … LA AFI KIRCHNERISTA EXPUSO LA IDENTIDAD DE CIENTOS DE AGENTES Y EX AGENTES Y ARRIESGO SU VIDA
Cristina Caamaño, interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), declaró en indagatoria ante la jueza María Servini, imputada en una investigación judicial iniciada en 2020, cuando se filtraron decenas de datos sensibles del sistema de espionaje estatal, entre ellos las identidades de espías y ex espías.
Caamaño, asistida por el defensor oficial Hernán Silva, declaró vía Zoom desde el mediodía ante Servini y el fiscal Eduardo Taiano. Según allegados a la ex fiscal de Instrucción, su declaración consistió en deslindar responsabilidades por la filtración de los datos. Además de presentar un escrito, Caamaño contestó preguntas de la fiscalía y del juzgado.
El 28 de septiembre de 2020 cuatro ex integrantes de la AFI denunciaron a Caamaño, a raíz de la filtración de decenas de identidades de personas que trabajan o trabajaron como agentes a partir de que se hiciera público un documento judicial que se sumó a la causa por espionaje ilegal que tramitaba en el juzgado federal de Lomas de Zamora y pasó al juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, sito en el edificio de Comodoro Py 2002.
Los nombres de decenas de agentes y ex agentes de la AFI quedaron expuestos a partir de la difusión de un documento que se agregó a la causa que por entonces era investigada en Lomas de Zamora y que pudieron leer las 80 partes que tienen acceso al expediente judicial sobre espionaje ilegal. El documento es un escaneo de las páginas del libro de protocolos de resoluciones de la AFI donde se volcaron todas las decisiones administrativas tomadas entre diciembre de 2015 y enero de 2019.
Aquella denuncia que derivó en la indagatoria de Caamaño se había realizado luego de que Infobae publicara que habían quedado expuestos los nombres de decenas de agentes y ex agentes de la AFI a partir de la difusión de un documento que se agregó a la causa en la que se investigaba espionaje ilegal en Lomas de Zamora y que pudieron leer las 80 partes con acceso al expediente judicial.
Los ex agentes habían señalado a Caamaño como la responsable de la filtración. Quedaron al descubierto identidades de personas que habían trabajado como espías en otros países y de algunos que lo habían hecho aquí pero se lo habían ocultado a sus familiares. En varios medios se publicaron las actas sin testar e inclusive en un sitio web se publicó el documento completo. Eso provocó que la nómina de agentes y ex agentes estuviera al alcance de cualquiera.
El documento que se había filtrado es la digitalización del libro de resoluciones y permite conocer la identidad de agentes de todo el escalafón de la AFI cuyos nombres quedaron asentados allí porque fueron parte de trámites que requirieron una decisión administrativa. En aquel libro no había datos de cómo se realizaron operaciones de inteligencia. Tampoco sobre seguimientos ni sobre las tareas que los agentes secretos realizan cuando están en la calle. No había detalles sobre investigaciones ni sobre operativos. Las actas no revelan nada sobre las actividades propias del espionaje de la ex SIDE.
Al circular aquel documento quedaron expuestos nombres de agentes y ex agentes que pertenecen a diferentes administraciones. A partir de los datos incluidos en el documento fueron revelados los nombres de los agentes que ingresaron a la AFI durante el gobierno macrista y también los de los que dejaron la central de espías y habían ingresado durante el kirchnerismo. Entre los nombres hallados en aquel listado aparecen los de aquellos que formalizaron trámites de jubilación y habían ingresado a la ex SIDE en gestiones previas. Y también las identidades de quienes estuvieron destacados como delegados de la AFI en el exterior.
Luego de aquella primera denuncia, la interventora de la AFI había hecho otra denuncia por el mismo hecho en el que no responsabilizó a nadie directamente. Caamaño había solicitado que se investigara la situación que se produjo una vez que la copia del libro de resoluciones llegó a la fiscalía de Lomas de Zamora y fue puesto a disposición de las partes el expediente en el sistema informático judicial. Caamaño había señalado en su denuncia que cuando envió el material sensible a la fiscalía de Lomas de Zamora lo hizo acompañado de un oficio por el cual pedía que se tuviera en cuenta la calidad de secreto de su contenido. Los fiscales del caso de Lomas de Zamora donde se investigaba –antes del pase de la causa a Comodoro Py– a la dirección de la AFI durante el macrismo por espionaje ilegal son Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Por ese caso fueron procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes encabezaron la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.
En su escrito al que Infobae accedió a través de allegados a Caamaño, la interventora señaló: “La AFI al remitir la información tomó todos los recaudos necesarios para proteger su contenido de conformidad con las exigencias que la normativa impone en materia de diligenciamiento de documentos clasificados y adicionalmente se le brindó a la autoridad judicial requirente pautas claras de actuación que -de haberse cumplido- hubiesen impedido cualquier tipo de filtración”.
Y agregó: “Resulta claro para esta parte que el tratamiento otorgado por los funcionarios de Lomas de Zamora se apartó abiertamente de los estrictos y claros recaudos que fueron detalladamente señalados en la propia resolución de desclasificación”. De ese modo señaló a los fiscales de Lomas de Zamora como los responsables de la filtración.
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María Servini, jueza federal.Además en su escrito resaltó que no había habido consecuencias a partir de la filtración y se refirió especialmente a lo sucedido con agentes y ex agentes que estuvieron destacados en el exterior y que figuraban como personal de Cancillería en las embajadas de los países en los que estuvieron destinados como espías. “Debo dejar en claro -escribió Caamaño- que la divulgación de la información que aquí se investiga no ha puesto de ningún modo en peligro la seguridad de la Nación que es lo que el bien jurídico que tutela el art. 223 del Código Penal reclama para su configuración. En efecto, el contenido de aquella copia del libro de actas era de carácter meramente administrativo o burocrático pues no contenía el cuerpo de cada una de las resoluciones que mencionaba, sino una indicación muy escueta del tema al que referían, y no incluía cuestiones de índole operativa vinculadas con la seguridad nacional o la relación con las agencias extranjeras; sino -como dije anteriormente- cuestiones meramente administrativas que no tienen absolutamente nada que ver con el tipo de secretos cuya vulneración reclama la norma penal indicada. Y prueba de ello es que a casi un año de haberse divulgado aquella información (por razones que me son totalmente ajenas) y haber llegado por esa razón a conocimiento de muchas personas que no deberían haberla conocido de haberse respetado los recaudos de seguridad consignados tanto en el oficio remitido a la Fiscalía como en la Resolución de desclasificación, en rigor no hubo ningún perjuicio de esa naturaleza. En efecto, Cancillería ya remitió a esta judicatura un oficio en el que hizo saber que en el plano de las relaciones internacionales no existió ningún tipo de queja por la divulgación de esta información, y a nivel doméstico a mí me consta como Interventora de la Agencia que la filtración de esta información -más allá del alegado daño que le pudo haber ocasionado en su círculo íntimo a los denunciantes- de ningún modo puso en riesgo de la seguridad nacional”.
Servini citó a indagatoria a Caamaño, en tanto la considera responsable de la filtración. La interventora -que todavía no consiguió que el Congreso apruebe su pliego para ser confirmada en su cargo al frente de la central de espías- declaró y se defendió. La jueza, probablemente, resuelva la situación procesal de la jefa de los agentes secretos luego de la feria judicial.