Luego de siete días de indefiniciones, el jefe del Estado le ofreció este lunes el Ministerio de Justicia al diputado Martín Soria, en reemplazo de la “agobiada” ministra saliente Marcela Losardo. Si bien es un peronista histórico de Río Negro, Soria levantó la bandera de la teoría del lawfare y la premisa kirchnerista sobre la necesidad de controlar al Poder Judicial como el militante más fundamentalista. El Ministerio quedará de hecho bajo control de la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que en la práctica ratifica el rumbo de radicalización del gobierno de Alberto.

 

Horas antes del anuncio formal, la Casa Rosada difundió una versión que indicaba que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, iba a absorber el Ministerio de Justicia, con lo cual La Cámpora y el kirchnerismo puro pasarían a controlar la pelea contra los tribunales.

No ocurrió. Soria no es exactamente kirchnerista y responde a Alberto, quien dialogó mucho con el diputado en los últimos días. Pero tiene una sintonía perfecta con el Instituto Patria de Cristina Kirchner.

“No es exactamente kirchnerista, pero es muy cercano. Los Soria estaban de punta con Mauricio Macri y tenían buena sintonía con nosotros, pero de ahí a decirles K no se puede”, dijo a A24.com un funcionario de La Cámpora.

Un dirigente cercano a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, dijo en las últimas horas de anoche: “Soria es un kirchnerista converso. Como todo converso, es peor”. El mismo funcionario aseguró que Massa está en una sintonía perfecta con la vicepresidenta.

“Hoy se lo propuso Alberto al mediodía y Soria aceptó. Lo decidió Alberto. Marcela Losardo presentó la renuncia recién el viernes pasado, pero Alberto aún no se la acepto. Soria venía hablando con Alberto, pero recién este mediodía se lo ofreció concretamente y le dijo que si”, reseñó un vocero de la Casa Rosada. “Soria es un peronista clásico del interior, de Río Negro, se lleva bien con La Cámpora, pero no es de ellos: es de Alberto. Obvio que Losardo hay una sola (por su relación con Alberto), pero Soria fue una de las primeras opciones de Alberto”, agregó la fuente oficial.

Martín Soria cumpliría un requisito clave: aceptará ser ministro para confrontar con el Poder Judicial y aceptará que Juan Martín Mena siga como viceministro y que Horacio Pietragalla continúe como secretario de Derechos Humanos. Son dos funcionarios de la entera confianza de Cristina.

“Mena y Pietragalla siguen en sus cargos”, apuntaron en la Casa Rosada. La resolución del ministerio se acordó en sucesivas conversaciones telefónicas y personales con Cristina Kirchner. Incluso, el jueves último la vicepresidenta estuvo comiendo a solas en la residencia de Olivos con Alberto Fernández, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada. No se pudieron poner de acuerdo. Por esos días, Alberto Fernández, luego de hablar con su vice, sondeó a Marisa Herrera, abogada feminista, que sonaba muy fuerte como candidata. La hermana de la bailarina Paloma Herrera puso condiciones para asumir y una de ellas era el manejo del Ministerio, para lo cual Mena y Pietragalla tenían que dar un paso al costado. Allí se cayó el acuerdo. También Mena era un candidato del kirchnerismo puro, pero el Presidente no aceptaba un nombre tan identificado con Cristina.

Alberto Fernández había mencionado a Soria en un reportaje a C5N el lunes último como uno de los candidatos junto a Ramiro Gutiérrez, diputado massista. Pero Gutiérrez cayó por ser massista: no era del palo de Alberto ni era digerible para Cristina, por sus posturas antigarantistas.

Los albertistas puros, como Julio Vitobello, secretario general de la Presidencia, y Alberto Iribarne, embajador en Uruguay, no querían ir a ese ministerio, al que consideran poco menos que una silla eléctrica. Marisa Herrera, Vitobelo e Iribarne no querían terminar como Losardo, que no pudo escapar de las llamas del kirchnerismo enfurecido con los jueces, camaristas y fiscales, ni aun siendo la mejor amiga y socia de Alberto.

“El gran problema para designar al ministro es que los de Alberto no quieren aceptar y los de Cristina son inaceptables para Alberto. Tiene que ser de Alberto, no vetado por el Instituto Patria y aceptar el cargo”, señalaban los funcionarios íntimos del Presidente. Aceptar el cargo implicaba estar dispuesto a confrontar con el Poder Judicial cuando lo exija Cristina y levantar el pie del acelerador cuando lo disponga Alberto, según las conveniencias de cada momento político. Soria fue la ecuación perfecta para todas esas exigencias encontradas.

Entre los principales puntos de la agenda que tendrá ahora se destacan: la creación por ley del Tribunal Superior de Garantías que buscará limitar a la Corte Suprema para poder absorber recursos extraordinarios; la regulación del artículo 280 del Código de Procedimientos Civil y Comercial que le permite a la Corte rechazar esos recursos extraordinarios; la creación de una Comisión Bicameral para controlar jueces y causas; la reforma judicial, la ley de Ministerio Público, la reforma del Consejo de la Magistratura y la sanción de una ley de juicios por jurados para delitos federales graves.

Exintendente de General Roca durante 8 años, Martin Ignacio Soria asumió como diputado en 2019 como representante del PJ de Río Negro que integra el Frente de Todos. Es hijo del fallecido gobernador rionegrino Carlos Soria, que fue asesinado por su esposa luego de la celebración de la fiesta de Año Nuevo en 2016. Es también hermano de la ex diputada María Emilia Soria, sucesora de Martín en la municipalidad rionegrina.

Siempre como diputado, escribió tuits en contra del expresidente Mauricio Macri y enarboló la teoría del lawfare, según la cual Cristina Kirchner sostiene que sufre una persecución judicial de los jueces, medios de prensa y de la oposición porque pertenece a una fuerza nacional y popular, y no porque haya sido denunciada por sus propios exfuncionarios arrepentidos con graves sospechas de pagos y cobros de coimas.

Su padre Carlos Soria había sido jefe de la antigua SIDE con el gobierno de Eduardo Duhalde y se enfrentó al entonces gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner, que junto a su esposa Cristina Kirchner lo acusaron de espionaje político.

Abogado de profesión, tiene 45 años, preside el Congreso del PJ de Río Negro, y como diputado integra las comisiones de Justicia y de Juicio Político de Diputados. También abrazó el discurso sobre la necesidad de una reforma del Poder Judicial y confrontó con los “medios hegemónicos”, tal como indica el manual del relato kirchnerista.

“Es evidente que el aparato comunicacional con el que el macrismo implementó el lawfare, esta persecución política, judicial y mediática a cualquier dirigente de la oposición, sigue gozando de buena salud. Comodoro Pro sigue funcionando a full”, dijo Soria hace algún tiempo.

Como uno de los atributos, Alberto señaló hace siete días que Soria no era kirchnerista porque su hermana María Emilia había votado en 2017 como diputada el desafuero del exministro de Planificación, Julio de Vido, motivo por el cual ahora cumple prisión domiciliaria.

Esta referencia exacerbó a De Vido: “Pareciera que haber votado el desafuero a un compañero perseguido sin haber siquiera sido indagado sería un mérito para designar al hermano como sucesor de la ministra Losardo. Esto define la miserabilidad inconmensurable de Alberto Fernández”. En el peronismo, parece claro, que no se puede conformar a todos.

Por Mariano Obarrio