Las tensiones políticas en Bolivia volvieron a reavivarse.
La expresidenta interina del país, Jeanine Áñez, fue detenida el sábado en la madrugada en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, bajo acusaciones de “sedición, terrorismo y conspiración“.
Su arresto se produjo después de la aprehensión de los exministros transitorios Álvaro Coímbra, de Justicia, y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energía, y de que se emitieran órdenes de captura también para otros exmiembros de ese gobierno.
La medida marcó una escalada de hostilidades entre el actual ejecutivo de izquierda y la oposición, más conservadora, y provocó una gran polémica en el país.
Pero, ¿de qué se acusa exactamente a Áñez y a los miembros del ejecutivo transitorio?
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Caso “golpe de Estado”
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo el sábado que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra Áñez “por el caso de un golpe de Estado en nuestro país”.
Según explicó Del Castillo, la investigación contra Áñez y sus ministros comenzó en diciembre y seguirá el debido proceso, informa Reuters.
Las autoridades también emitieron órdenes de detención sobre los exministros interinos de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno (Interior) transitorio, Arturo Murillo; y de Defensa, Luis Fernando López. Los dos últimos no se encuentran en el país.
El gobierno socialista, que regresó al poder en octubre del año pasado, acusa al gobierno de Áñez y a exlíderes policiales y militares de derrocar a Evo Morales en 2019, en una supuesta asonada.
La persecución política ha comenzado”
Áñez asumió el poder a fines de 2019 después de la profunda crisis desatada tras las controvertidas elecciones del 20 de octubre que llevó a la dimisión de Evo Morales.
La renuncia de Morales se produjo en medio de violentas protestas y acusaciones de fraude, y después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.
La teoría del golpe de Estado, que defiende el oficialismo boliviano, es refutada por sectores de oposición que señalan que en 2019 se produjo un levantamiento social provocado por el presunto fraude electoral con el que Morales pretendía quedarse en el poder por cuarta vez consecutiva, pese a que la Constitución del país solo permite dos mandatos seguidos.
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Áñez estuvo en el poder hasta finales de 2020, cuando el partido socialista MAS de Evo Morales arrasó en las elecciones de octubre con el presidente Luis Arce a la cabeza.
La propia Áñez se pronunció sobre su inminente arresto antes de que se produjera.
“La persecución política ha comenzado”, sostuvo la expresidenta en su cuenta oficial de Twitter. “El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura”, manifestó.
“Nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política, nosotros no amedrentamos a quienes piensan diferente, pues estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país desde la gestión 2020″, explicó el ministro de Gobierno.
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“Este gobierno no está persiguiendo a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país”, manifestó.
Tras detención, la exmandataria dirigió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que pide la presencia de una misión de observación para que “evalúe de manera objetiva” su arresto y el de sus dos exministros.
En las misivas denuncia una “sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante”.
Duras acusaciones
Líderes políticos del MAS y de la oposición se manifestaron ante lo ocurrido, e intercambiaron duras acusaciones.
En Twitter, el expresidente Evo Morales (2006-2019) pidió sanciones.
“Por justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1.500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado. Que se investigue y sancione a los autores ycómplices de la dictadura que saqueó la economía y atentó contra la vida y la democracia en Bolivia”, manifestó.
El gobierno interino de Áñez supuso un enorme giro respecto a las políticas del MAS y bajo su gobierno la Fiscalía también emitió una orden de aprehensión contra Morales por “sedición y terrorismo”.
El exministro de Gobierno transitorio, Arturo Murillo, fue entonces el encargado de informar sobre la orden y sobre él ahora también pesa una medida similar.
“Mi solidaridad con la mujer, madre y amiga expresidenta Jeanine Áñez que entregó todo por Bolivia, incluso su libertad. Sufre el atropello de un gobierno tiránico. Fuerza amiga, estamos del lado correcto de la historia, y será ella quien nos juzgue”, escribió este sábado en Twitter, desde paradero desconocido.
Por su parte, el líder del principal partido de la oposición, Carlos Mesa, consideró que la detención de Áñez es “arbitraria, ilegal y violatoria” de sus derechos humanos.
“Pero sobre todo muestra la decisión del MAS de vulnerar las leyes y el Estado de derecho para perseguir y someter con violencia a los bolivianos que creen en la democracia y la libertad”, añadió en Twitter.
Vigilia frente a la Fiscalía y llamamientos a un “juicio justo”
Organismos internacionales también se pronunciaron sobre lo ocurrido.
El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, subrayó en Twitter que las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros “no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo'”.
“Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos“, consideró.
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“Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros invocan —al igual que la de Evo Morales en 2020- la ambigua figura de ‘terrorismo’ que se presta a arbitrariedades”, añadió, recordando que en 2020 su organización pidió que se retiraran los cargos contra Morales por ese mismo motivo.
No obstante, en un tuit posterior, también indicó que durante el gobierno de Áñez “hubo graves violaciones de DD. HH. , incluyendo dos aberrantes masacres” e instó a que se investiguen “con pleno respeto al debido proceso”.
Este sábado, algunas personas con carteles se trasladaron hasta la puerta de la Fiscalía de La Paz para llevar a cabo una vigilia pidiendo “justicia” por la represión en Sacaba, en Cochabamba, y Senkata, en El Alto, durante la crisis de 2019.
El grupo de personas pedía justicia y cárcel para la expresidenta.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia (OACNUDH), por su parte, pidió un juicio “justo, independiente e imparcial” y que se salvaguarde el “debido proceso”.