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13/05/2021

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TODO EL REVES: ALBERTO DEROGÓ EL DECRETO DE MACRI QUE AGILIZABA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS QUE DELINQUEN

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En la misma norma se impedía el ingreso de inmigrantes con antecedentes delictivos. Para el presidente, resultaba «irreconocible con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

El Gobierno nacional derogó este viernes un decreto firmado por el ex presidente Mauricio Macri en 2017, que había modificado la Ley de Migraciones y había establecido mayores controles al ingreso de extranjeros con antecedentes delictivos así como la agilización del trámite de expulsión de delincuentes de otros países. Lo hizo mediante otro decreto, firmado por el presidente Alberto Fernández y todo su gabinete.

Cabe recordar que, con los cambios a la política migratoria introducidos por el gobierno de Cambiemos en 2017 (y ahora derogados), se creó un «procedimiento migratorio especial sumarísimo» con el objetivo de negar el ingreso y expulsar delincuentes extranjeros con mayor agilidad.

En ese momento, Macri se amparó en que el Estado tiene «la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales» y respondía a «la duración de los procesos administrativos y judiciales» así como el aumento de extranjeros en las cárceles argentinas. Entonces, se dijo que los extranjeros en custodia del Servicio Penitenciario Federal representaban al 21,3% de la población carcelaria total.

Sin embargo, Fernández planteó ahora, mediante el Decreto 138/2021, que los cambios en la Ley de Migraciones establecidos por su antecesor resultaban «irreconocibles con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos».

El texto también asegura que la medida dispuesta por el gobierno de Cambiemos no generó «mejoras ponderables» y que, por el contrario, «agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria» desde su entrada en vigencia.

La medida, según se explica en el DNU de Fernández, responde a la «preocupación» expresada por distintos organismos internacionales, como el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de Sus Familiares, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité contra la Tortura, todos ellos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En el mismo decreto, el mandatario ordenó la creación de una Comisión Asesora de Política Migratoria, en el ámbito de la Dirección Nacional de Migraciones, para discutir y  proponer medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones N° 25.871.

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