Luego que un Juez allara a favor de TN por un Habeas Corpus , este medio podrá ingresar a la provincia de Formosa:
Desesperadamente en horas de la noche el gobierno de Formosa desarticula los centros de alojamiento para que el equipo de TN no pueda mostrar la realidad que vivimos los Formoseños. No podrán tapar el daño que nos hicieron pic.twitter.com/wn4x8gdrMa
— Gaby Neme (@gabrielaneme) February 25, 2021
La trama de narcotráfico que opera en el litoral de la Argentina, que empezó a quedar expuesta luego del “Operativo Sapucay” en el que se detuvo al intendente de Itatí, Natividad Terán, ahora golpea el entorno del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán.
Se trata de un inmenso territorio que abarca las zonas de contacto fronterizo entre Paraguay, Brasil y la Argentina (Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa), según revela el portal especializado Política, Trata y Narcosur.
En el Operativo Sapucay las fuerzas de seguridad lograron capturar poco menos de 900 kilos de droga. Pero días atrás se descubrió un camión con doble fondo en donde transportaba casi 2,5 toneladas de droga, la captura de estupefacientes más importante de los últimos 30 años en Corrientes.
El operativo fue fruto de un largo trabajo de inteligencia que comenzó con la captura de un narcotraficante en la porteña Villa Zabaleta y desembocó en la captura de Terán y la red de policías y funcionarios que protegían a los narcos.
Un informe oficial del Ministerio de Seguridad sostiene que desde 2016, se decomisaron en Corrientes 43 toneladas de marihuana. Y si tenemos en cuenta que la banda de Terán, importaba 6 toneladas semanales de droga y las fuerzas de seguridad dicen que en esa ciudad operan tres organizaciones, estamos hablando de que se estarían importando unas 20 toneladas de droga por semana, lo que implica que las capturas oficiales realizadas en 16 meses llegan a menos de 3 semanas de operación.
Las investigaciones involucran en la red de narcos a miembros de la Policía de Corrientes y la Policía Federal con base en la provincia. El comisario de Itatí, Osvaldo Ocampo Alvarenga, fue detenido junto al sargento Mario Molina y la cabo Gabriela Quintana. Se los acusa de venderles armas a los delincuentes.
A través de las escuchas realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Justicia llegó al sargento Carlos López y al subcomisario Rubén Ferreyra, que revendían drogas capturadas en operativos simulados, con lo cual, se confirma la hipótesis de que muchos de los operativos de captura son “puestas en escena” para ocultar el tráfico de cantidades mayores o para “blanquear” cantidades, que luego de comercializan.
La Prefectura quedó fuera de las investigaciones posteriores al “Operativo Sapucay” y, en el caso de la Gendarmería, se detuvo en Jesús María al segundo Comandante Gabriel Alcaráz, que daba clases de investigación y drogas en la Escuela de Suboficiales, acusado de filtrar información sobre controles y operativos a los capos capturados en Itatí.
Un dato no menor: Gabriel Alcaráz trabajó en Ituzaingó, en los operativos que el gobierno de Cristina Kirchner instrumentó en las “zonas calientes” del Conurbano.
Para muchos especialistas, en estas largas guardias, los miembros de las fuerzas de seguridad comenzaron a tener contacto con grupos de traficantes y llegaron a acuerdos que se extendieron cuando cambiaron de destino o volvieron a sus provincias.
Hay que tener en cuenta que, según fuentes judiciales, la banda detenida en el “Operativo Sapucay” colocaba sus drogas en 7 provincias. Las redes comenzaban en Corrientes, pero llegaban a Catamarca, Córdoba, Santa Fe, San Juan, la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro (Bariloche) y Provincia de Buenos Aires. Todos lugares donde hay personal de Prefectura o Gendarmería que pasaron por las villas porteñas y bonaerenses.
Formosa
Corrientes no es el único lugar donde se pudo demostrar la relación entre políticos locales y traficantes de drogas. Por ejemplo, el año pasado, en Formosa, Gabriel Hernández, ex intendente de la capital provincial y apoderado de la Unión Cívica Radical formoseña, aseguró que “la narcopolítica vinculada al gobierno de Gildo Insfrán suma otro caso”, en referencia al secuestro de más de 2,5 toneladas de marihuana oculta en un cargamento de zapallitos de un camión de una empresa de familiares del mandatario provincial.
Gabriel Hernández, que también es abogado y periodista, recordó varios hechos donde se involucraron a funcionarios formoseños como “Ramón Barreiro, asesor del gobierno provincial, que trasladaba 51 kilos de cocaína en una camioneta oficial que volcó en la Ruta Nacional 11”. En la captura se encontró una fotocopia del DNI y una agenda personal del senador Nacional (Frente para la Victoria – Formosa), José Luis Mayans. Sin embargo, nunca se relacionó al parlamentario con el tráfico de drogas.
También se refirió al “Secretario Privado del Diputado José Barrios (caso ocurrido en 2005) detenido con droga” en el Oeste de Formosa; junto con el “sobrino de la Concejal Justicialista, Blanca Denis, que transportaba cocaína en un vehículo de la edil”; y sumó el caso de “los 700 kilos de cocaína hallados en un campo del Concejal Justicialista Héctor Palma”, quién rápidamente recuperó la libertad.
En el caso de Formosa, fuentes policiales explicaron que la cocaína ingresa de Bolivia a través de pistas clandestinas ubicadas al Oeste de la provincia, mientras que la marihuana llega desde Paraguay, a través de rutas de ripio, hacia la zona de Laguna Blanca, para luego cruzan la frontera por los ríos Pilcomayo o Paraguay.
El caso de Formosa se completa con un dato no menor: Durante años hubo jueces subrogantes a cargo de las causas de narcotráfico, a la espera de designaciones que eran “congeladas” en el Consejo de la Magistratura por los delegados del kirchnerismo en el organismo.
La trama de estas organizaciones también golpea a la política de Santiago del Estero. En Septiembre de 2006, la productora rural Liliana Ledesma fue asesinada de 7 puñaladas por denunciar la complicidad de algunos integrantes del poder político del municipio de Salvador Mazza con el narcotráfico.
Casi 10 años después, la Justicia detuvo al presidente del Concejo Deliberante local por estar involucrado con el cargamento de 267 kilos de cocaína secuestrado en un camión que tenía la cédula verde a nombre del ex diputado Provincial, Ernesto José Aparicio, al que la mujer asesinada había denunciado.
Hace 4 años, el camión fue adquirido por Rubén Maurín, hermano de Alejandro Maurín, actual Presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza y detenido por efectivos de la Gendarmería; en tanto se fugó el concejal Mauricio Gerónimo.
Tanto Mauricio Gerónimo como Rubén Maurín eran socios políticos del intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez y con sublemas, formaron parte de una alianza del Frente para la Victoria, que les permitió ganar las elecciones de 2015.