El fiscal Guillermo Marijuan impulsa una investigación contra el exministro de Energía por haber trasladado a los usuarios el impacto de la variaciones del tipo de cambio.
El exministro de Energía Juan José Aranguren y exfuncionarios de su área fueron imputados penalmente para ser investigados por las presuntas irregularidades en el aumento del precio en la comercialización del gas que fue afrontado por los usuarios, lo que podría configurar un “presunto desvío funcional, persiguiendo intereses ajenos a aquellos por los que debían velar, habrían incumplido los deberes a su cargo”.
“Se confirmó efectivamente la imputación de Aranguren y de los otros 6 exfuncionarios de los cuales 5 son ex autoridades del ENARGAS de la gestión anterior”, confirmó Bernal en declaraciones a Radio10.
Para iniciar la causa el fiscal solicitó las primeras medidas de prueba. Junto con Aranguren también fueron imputados Mauricio Ezequiel Roitman, expresidente del ENARGAS; Daniel Alberto Perrone, Carlos Alberto María Casares, Griselda Lambertini y Diego Fernando Guichón, exdirectores del ENARGAS; Marcos Pourteau, exsubsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Marcela Paula Valdez, exgerenta de Legales del ENARGAS.
El hecho que se investigará se inició en noviembre de 2017 cuando el Ministerio de Energía convocó a todos los productores y distribuidores de gas para fijar bases y condiciones de la comercialización de Gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PITS) y establecer por 2 años precios uniformes y contratos a un tipo de cambio variable en dólares. Según la denuncia ese tipo de contrarios fue “inédito en la comercialización del recurso bajo el régimen de la ley 24.076 y habrían provocado un perjuicio a las arcas del Estado Nacional y un beneficio indebido para las empresas productoras de gas”.
En octubre de 2018 el Ministerio, ante la devaluación del peso, buscó variar el valor del tipo de cambio para que fuera pagado por los usuarios y en cuotas y la diferencia abogada por el Estado nacional. “Las propias distribuidoras al momento de exponer sus pretensiones de traslado de diferencias habían propuesto para su recupero un plan de 24 cuotas y el ENARGAS había promovido el traslado al usuario de la variación cambiaria pagadera en 24 cuotas, incumpliendo las obligaciones legales del Ente”, explicó el fiscal, de acuerdo a infobae.com.
Así, el Estado Nacional habría asumido mediante el decreto 1053/2018 “el pago de $24.524.715.128,43 correspondientes a las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor de gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1 de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregado en ese mismo período”.
Según explica Bernal, Aranguren convocó a las empresas “a firmar un pacto y les dijo que como terminaba la emergencia (económica) y entraba a regir el marco regulatorio ‘necesitamos una transición de 2 años de precios en dólares'”. “Esto viola la ley de gas y el marco regulatorio”, afirmó el interventor.
“Acá hay 2 perjuicios: por un lado la estatización de la deuda que se genera entre productoras y distribuidoras que hizo Mauricio Macri al firmar el DNU 1.053, por un monto de US$393 millones que se dividen en 30 cuotas y de las cuales solo pagó una; pero también hubo un perjuicio por US$168 millones para los usuarios, que fue lo que saltó el valor de las tarifas cuando Aranguren firmó el pacto con las empresas“, explicó.
Con esa imputación, la Fiscalía pidió medidas de prueba para avanzar en la causa que fueron resoluciones tanto del ENARGAS como del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además al ENARGAS se le requirió “un detalle de todas las resoluciones/actuaciones del ente vinculadas con la determinación de precios para la comercialización de gas en PITS a partir del año 2016″.
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