La extensión de la cuarentena provocó desde su inicio numerosos debates entre oficialistas y opositores, pero tuvo un episodio concreto que avivó la intensidad de la discusión: la calificación de “infectadura” que patentó un grupo de artistas e intelectuales para definir cómo se manejaba el gobierno nacional en el marco de la lucha contra la pandemia.

Esa definición generó un gran enojo en la Casa Rosada y propició una movilización que se realizó el pasado 30 de mayo en el centro porteño y en varias ciudades del país, para reclamar una flexibilización del aislamiento que le permita a la gente trabajar en libertad.

El hecho vuelve a ser noticia un mes después, porque el actor Juan Acosta fue denunciado como uno de los promotores de la marcha que provocó una violación de la cuarentena obligatoria: un particular lo denunció ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci) a cargo de Horacio Azzolin, quien la envió a sorteo ante la Cámara Federal para que se decida qué juez debe intervenir y le tocó al juzgado de Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado.
Denuncia judicial contra Juan Acosta, Sebrelli, Sandra Pitta, entre otros particulares, por pensar distinto. Así comenzaron en Venezuela. Igualmente estos es causal de recusación del fiscal por no ser imparcial y pertenecer a una idelogia política que lo condiciona en su accionar y usa la justicia para defenderla acusando a inocentes