Las maniobras fraudulentas del grupo Vicentín son harto conocidas. La empresa tiene una deuda cercana a los 1.500 millones de dólares, donde se destaca el Banco Nación y la AFIP, pero -también- la banca internacional. El grupo culpó de su insolvencia a las sucesivas devaluaciones, que engordaron el monto de su deuda en pesos. Pero el 85{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de sus ventas son exportaciones, que se cobran en divisas. Ocurre que una parte no determinada de esos ingresos queda en el exterior, en manos de las “subsidiarias” de Vicentin, con quienes el grupo triangulaba sus exportaciones en clásicas operaciones de subfacturación, que, por otra parte, son comunes a todas las grandes cerealeras. El posterior default de Vicentín transfiere a los acreedores la fantástica hipoteca de los préstamos impagos, pero deja en manos de los vaciadores los recursos fugados al exterior. El decreto oficial dejaría afuera de la intervención a estas empresas “controladas” y a otras subsidiarias, a donde Vicentín trasladó sus utilidades.

La eventual expropiación posterior podrá capitalizar a favor del Estado argentino las deudas con el Banco Nación y con el Tesoro, pero también deberá tomar a su cargo la deuda de Vicentín con acreedores internacionales, que equivalen al 30{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de sus pasivos actuales. En la conferencia de prensa, Alberto Fernández insistió con el concepto de hacer de Vicentín una “empresa testigo” del Estado en el mercado agroalimentario. Aunque Vicentin es un gran conglomerado, no tiene más del 10{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de las exportaciones de estos productos, que están dominados por firmas internacionales como Dreyfuss, la americana ADM, Bunge y Cofco (China). Según trascendió, la intervención se precipitó cuando se supo que, en el marco del concurso preventivo, era inminente la compra de Vicentín por un grupo internacional o por un testaferro local de aquellos. La intervención parece haber frenado una operación que podía inclinar la balanza del negocio agroexportador local a favor de corporaciones norteamericanas o chinas. Pero el dominio de todas ellas sobre las exportaciones argentinas no queda desmentido por la intervención oficial.

“Soberanía alimentaria”, esclavitud financiera

Los derechistas argentinos se han mofado de los anuncios oficiales que relacionaron la intervención a Vicentín con la pretensión de alcanzar la “soberanía alimentaria”. Señalan que un país que exporta granos y derivados para abastecer a 400 millones de personas no puede sufrir ninguna restricción alimentaria en su mercado interior. Los agentes de la Rural y las exportadoras no se dan por enterados de que una parte importante de la Argentina se alimenta en comedores populares, porque el 40{688a8ce96c256f08401d8e2f5c8db48dc2792b622bdd2a5bb1e6509fa5d7b8e2} de su población desempleada o precarizada no tiene con qué comprar lo que ofrecen los grandes pulpos de la industria alimentaria.

Pero la intervención a Vicentín no va a resolver esa penuria, porque debe ser ubicada en el conjunto de la política oficial. En la misma semana de esta intervención, el gobierno ofrecerá a los fondos internacionales un arreglo de deuda que convertirá al Tesoro -y a toda la economía nacional- en una caja recaudadora de aquéllos. Acaba de trascender que, en esa oferta, podría incluirse un cupón atado al PBI o al ¡”crecimiento de las exportaciones”! (La Nación, 9/6). La captura de Vicentín ha sido presentada como un recurso para ´recuperar el control de nuestras divisas´. Pero incluso si fuera así, al menos parcialmente, el propósito final de este control es el pago de la deuda externa usuraria. Como en 2008, la estatización de Vicentin le ha generado al kirchnerismo un conflicto con el capital sojero. Pero como entonces, el choque no persigue la captura de la renta del campo argentino para una reorganización social – es una salvaguarda para el rescate de otra fracción del capital, el capital financiero internacional. Ese rescate tendrá lugar incluso en el marco de la propia Vicentín, que debe 430 millones de dólares a acreedores internacionales. La deuda externa privada de Argentina asciende hoy a unos 90.000 millones de dólares. Pero los activos argentinos en el exterior triplican esa cifra. Vicentín, en definitiva, es un retrato de la gran burguesía nacional.

La quiebra de Vicentín es un botón de muestra de que la bancarrota argentina no es sólo una cuestión de las finanzas estatales. Detrás del déficit fiscal o del banco central, subyace la quiebra de la burguesía argentina y, por lo tanto, de todo un régimen social. El mismo gobierno que afirma un día que “estatizar es una locura” (en respuesta a la “compañera Vallejos”) debe salir al día siguiente en rescate de una organización social en disolución. El estado argentino, sin embargo, no tiene recursos para operar como rescatista del capital.

La Federación Agraria ha salido a apoyar la intervención a Vicentín, en la expectativa de que los 2.600 productores que la proveyeron de granos cobren sus acreencias. Eduardo Buzzi, ahora oficialista, propuso una “futura participación” en la empresa expropiada. Implicaría convertir a esa deuda en acciones de una firma quebrada, y condenar a los productores a cobrarla con los recursos de su producción futura. El rescate de los vaciadores implica también esta confiscación.

Los trabajadores

El gobierno no se olvidó de mencionar que tanto la intervención como la expropiación de Vicentín apuntan a defender las fuentes de trabajo. La defensa de estos derechos, sin embargo, está asociada a otra reivindicación crucial – el control obrero, de las operaciones comerciales y de exportación y, naturalmente, la investigación de las maniobras pasadas de vaciamiento empresario y subfacturación.

La exigencia de la apertura de los libros y del control de las operaciones debe convertirse en una plataforma para los trabajadores de toda la industria aceitera, y una palanca para un verdadero planteo antiimperialista: la expropiación sin pago de todo el complejo exportador cerealero y de los puertos privados; la formación de una empresa única de comercio exterior bajo control obrero; el desconocimiento de la deuda usuraria y la nacionalización de la banca. Un congreso de trabajadores del cordón industrial de Santa Fe podría unir estos planteos y esta lucha a la agenda inmediata por los protocolos obreros frente a la pandemia y la lucha por la estabilidad laboral.

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