De 30 magistrados, solo 11 no tienen parientes designados. Sueldos millonarios pagados con tus impuestos.
El Poder Judicial de la Nación sostiene un sistema cerrado que esquiva el acceso por mérito mediante concursos abiertos y transparentes. La Corte Suprema de Justicia es la responsable directa al no reglamentar la Ley N° 26.861 que estipula el ingreso democrático e igualitario. Mientras otras áreas del Estado implementaron la norma, el máximo tribunal sostiene una resistencia de 12 años a la apertura de los exámenes.
Esta omisión derivó en un esquema consolidado de nombramientos basados en la consanguinidad y los vínculos sociales dentro de los tribunales. La falta de exigencia de título habilitante para ingresar permite que las designaciones dependan exclusivamente de la discrecionalidad interna. Lejos de garantizar la paz, este mecanismo de selección arbitrario desata constantes disputas de poder y venganzas entre las distintas cámaras.
La situación en la Justicia Federal de Córdoba refleja esta problemática, donde los cargos se definen por acuerdos y no por capacidad técnica. Un relevamiento de la nómina de personal de octubre de 2025 confirma que los nombramientos siguen una lógica familiar ajena a la idoneidad. Actualmente existen numerosas vacantes sin cubrir, lo que intensifica las batallas internas por ubicar allegados en puestos de gran estabilidad.
Radiografía del empleo público judicial
El análisis de los datos oficiales revela que únicamente 11 de los 30 magistrados federales cordobeses no poseen familiares designados. Entre los funcionarios sin parientes figuran los jueces Prado y Ochoa, junto a fiscales como Senestrari y defensores públicos como Mercedes Crespi. Por el contrario, los 19 magistrados restantes poseen esposas, hijos o sobrinos ocupando cargos en la estructura judicial de la provincia.
La magnitud del fenómeno varía según el caso, observándose desde funcionarios que lograron nombrar a un solo hijo hasta clanes familiares enteros. La información surge de la nómina del Consejo de la Magistratura, que detalla fechas de ingreso y vínculos laborales de cada empleado estatal. Este manejo discrecional de la cosa pública contrasta con los requisitos de transparencia que deberían regir en las instituciones republicanas.
La estabilidad laboral absoluta y los beneficios como la feria judicial convierten a estos puestos en un objetivo codiciado por el sector social. En un contexto nacional de fragilidad económica y salarios bajos, el Poder Judicial ofrece remuneraciones que superan ampliamente al promedio. El ingreso inicial de bolsillo se ubica por encima de los 2 millones de pesos.
Recursos públicos y falta de gestión
La escala salarial vigente desde octubre muestra un básico de $1.477.789, al cual se le deben sumar diversos adicionales por antigüedad y por título. Con estos plus que incrementan el neto en un cincuenta por ciento, el sueldo inicial de bolsillo supera holgadamente los 2 millones de pesos hoy. Esta dinámica de privilegios se financia con recursos de los contribuyentes, mientras persisten reclamos por la falta de insumos para poder trabajar.
Fuentes judiciales consultadas advirtieron sobre la existencia de intercambios de favores con sectores empresariales externos para obtener cargos. La ineficiencia en la asignación de recursos convive con disputas feroces por los nombramientos y una notable carencia de tecnología adecuada. Mientras la estructura burocrática se expande mediante lazos de sangre, el servicio de justicia enfrenta serias limitaciones materiales operativas.
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