Sin embargo, no logró avanzar con la autorización para tomar deuda por hasta USD 3.038 millones.
El gobernador ultra kirchnerista Axel Kicillof logró que la Legislatura bonaerense sancionara el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva, aunque no logró avanzar con el punto más sensible de su paquete económico: la autorización para tomar deuda por hasta USD 3.038 millones.
La sesión, que se extendió hasta pasada la medianoche, mostró una vez más que el oficialismo provincial enfrenta crecientes dificultades para convencer a la oposición de acompañar su desastrosa estrategia financiera.
De esta manera, el gobernador bonaerense logró un presupuesto con un 20% más de gasto que en 2025 y el permiso de cobrar una tasa del 9% de Ingresos Brutos sobre las ganancias que los bancos provinciales obtengan por operar con títulos públicos nacionales.
El Frente de Todos obtuvo los votos necesarios para aprobar las normas principales con apoyo del peronismo, el bloque Somos Buenos Aires, la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica. Sin embargo, el endeudamiento, que requiere dos tercios, chocó con un bloqueo firme de La Libertad Avanza, el PRO, y un sector de la UCR.
Durante el debate, la oposición más dura apuntó contra los desequilibrios fiscales de la administración bonaerense. Desde La Libertad Avanza, el diputado Guillermo Castello cuestionó el enfoque del gobierno: “Kicillof presenta un Presupuesto deficitario y con perspectiva de género. Ya con el título nos es suficiente para rechazarlo”, afirmó.
Luego amplió su crítica: “Vamos a votar en contra porque el Presupuesto va a contramano del equilibrio fiscal y cuando las premisas son falsas, las conclusiones son erróneas”.
El aumento de impuestos de Kicillof
En paralelo, ambas cámaras también aprobaron un polémico artículo de la Ley Fiscal que habilita al gobierno de Kicillof a cobrar una tasa del 9% de Ingresos Brutos sobre las ganancias que los bancos obtengan por operar con títulos públicos nacionales.
No obstante, ese tributo, que tiene la tasa más alta en todo el país, no comenzará a regir automáticamente el 1° de enero de 2026, como el resto de la ley. Su aplicación quedó supeditada a una futura reglamentación del propio Ejecutivo bonaerense, un matiz que introduce un margen de negociación adicional y sugiere que la medida podría enfrentar resistencias tanto técnicas como políticas.
Ambito.com
