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Imputaron a Claudio Vignetta por la compra irregular de uniformes en Córdoba

El fiscal Anticorrupción lo acusó por negocios incompatibles en una compra de $99 millones para la Guardia Urbana.

El fiscal Anticorrupción Franco Mondino imputó al exsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de Córdoba, Claudio Vignetta. La causa investiga la compra de 400 uniformes para la Guardia Urbana por casi $99 millones a una empresa con vínculos personales con un funcionario.  La imputación se suma a las de Walter Luján y Sebastián Aguilera, los primeros acusados en el caso.

La operación bajo sospecha fue realizada en febrero de 2024 a favor de la firma Yche SA, radicada en La Calera y propiedad del ex policía Aguilera. La Justicia presume que existió un conflicto de intereses debido a su relación con Luján, entonces subsecretario de Seguridad.  Ambos habrían intervenido en la adjudicación del contrato, posteriormente anulado por la Municipalidad.
La incompatibilidad radica en la falta de transparencia del proceso y la relación directa entre los involucrados. Según fuentes judiciales, Vignetta firmó resoluciones que avalaron la compra sin advertir las irregularidades. La acusación formal se enmarca en el delito de negocio incompatible con la función pública.

La compra anulada y el ahorro posterior

El municipio anuló el contrato cuando trascendió el vínculo entre los responsables y la empresa proveedora. Luego, se abrió una nueva licitación en octubre de 2024, en la que se adjudicó el mismo pedido de uniformes por $55 millones. El ahorro fue cercano al 45% del monto inicial, lo que refuerza las sospechas sobre el manejo de los fondos.

La diferencia de precios dejó en evidencia la falta de control en las contrataciones municipales.  En este contexto, la oposición pidió una auditoría interna para determinar responsabilidades. Sin embargo, desde el oficialismo insisten en que la investigación judicial seguirá su curso sin interferencias políticas.

De la gestión provincial al escándalo municipal

Claudio Vignetta es ex comisario mayor de la Policía de Córdoba y fue removido de la fuerza en 2014. Al año siguiente, asumió como secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de la Provincia. Su exposición pública durante los incendios rurales lo convirtió en figura reconocida dentro del oficialismo cordobés.

En 2023 desembarcó en la Municipalidad de Córdoba para diseñar la política de seguridad urbana.  Desde su renuncia en abril de 2025, la Guardia Urbana fue reconvertida y el área quedó bajo revisión. La imputación marca un nuevo golpe para la gestión municipal, que enfrenta crecientes cuestionamientos por contrataciones irregulares y desmanejo administrativo.

Derechadiario.com