El abogado Facundo J. Lanza, director provincial en el Ministerio de Seguridad bonaerense, cuestionó duramente al sistema judicial, legislativo y ejecutivo por el abandono de personas con cáncer en Argentina.
A través de un contundente mensaje en redes sociales, el abogado Facundo J. Lanza advirtió sobre la crítica situación que enfrentan los pacientes oncológicos en el país. “Traten de no contraer ningún tipo de enfermedad oncológica, en este momento los tres Poderes del Estado están dejando morir a los pacientes”, expresó. Además, aseguró tener pruebas judiciales que respaldan su denuncia: “Me hago cargo de lo que digo, quien tenga la menor duda lo llevo a los juzgados a ver los amparos de mis representados”.
El abogado Facundo J. Lanza, socio fundador del estudio González-Lanza & Asociados y actual Director Provincial en el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, lanzó una de las críticas más duras de los últimos tiempos contra el funcionamiento del Estado argentino en materia de salud pública. Su mensaje, publicado en la red social X, resonó por su tono directo y por la gravedad de la acusación: “Los tres Poderes del Estado están dejando morir a los pacientes oncológicos”.
El planteo de Lanza apunta al desamparo que sufren miles de personas con diagnósticos oncológicos que dependen del acceso a tratamientos, medicación y cobertura médica que muchas veces se obtienen solo a través de amparos judiciales. En su publicación, el abogado no solo denunció la inacción del Estado, sino también la responsabilidad compartida entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, al señalar que “los tres poderes” son cómplices del abandono.
“Quien tenga la menor duda, lo llevo a los juzgados a ver los amparos de mis representados”, remató Lanza, dejando entrever que representa legalmente a pacientes que litigan para acceder a medicamentos o intervenciones que el sistema sanitario demora o directamente niega. Su afirmación no solo expone un drama humano, sino que interpela de lleno a la dirigencia política, en momentos en que la crisis económica y los recortes presupuestarios golpean con fuerza al sistema de salud.
La declaración de Lanza se suma a una creciente cantidad de denuncias sobre la paralización de programas nacionales de provisión de medicamentos, la discontinuidad en tratamientos de alto costo y la falta de respuesta estatal ante situaciones críticas. En hospitales públicos y obras sociales, los retrasos en quimioterapias, radioterapias y diagnósticos se han vuelto moneda corriente.
Mientras el gobierno busca reducir el gasto público, las consecuencias humanas de ese ajuste comienzan a visibilizarse en los casos más sensibles. La denuncia de Lanza —que combina su rol institucional con su experiencia como abogado litigante— revela una realidad incómoda: el colapso silencioso del sistema de atención a los pacientes más vulnerables.
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