El máximo tribunal rechazó el reclamo y avaló la construcción de una obra clave para el desarrollo energético nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves una demanda presentada por la Comunidad indígena Toba Nam Qom contra la construcción de una planta productora de dióxido de uranio de la empresa estatal Dioxitek en la provincia de Formosa. Este fallo despeja el camino para llevar a cabo una obra clave para el sistema nuclear nacional y para el abastecimiento de las centrales nucleares.
El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que no se configuraban los requisitos legales que justificaran aplicar el procedimiento de consulta previa a comunidades indígenas previsto en el Convenio 169 de la OIT.
En su resolución, los jueces afirmaron que “no se ha demostrado la existencia de un daño actual o inminente que pueda afectar directamente las vidas, creencias, instituciones o las tierras que ocupa la comunidad actora”.
La demanda de la comunidad Toba Nam Qom había sido dirigida contra el Estado Nacional, la provincia de Formosa y Dioxitek, bajo el argumento de que no se les había consultado adecuadamente sobre la instalación de la planta.
Sin embargo, la Corte confirmó los fundamentos de la provincia, que había dejado claro que el proyecto se desarrolla fuera de territorios indígenas, dentro de un predio provincial destinado al Polo Científico, Tecnológico y de Innovación de Formosa, a 16 kilómetros de la capital y a cuatro kilómetros del barrio donde reside la comunidad.
La provincia de Formosa también señaló que se cumplieron todos los procedimientos de consulta y participación ciudadana, con audiencias públicas en las que incluso los representantes Qom participaron y solicitaron la contratación de mano de obra local para la obra. La Procuración General coincidió en que la consulta previa solo es obligatoria cuando una medida afecta directamente a una comunidad indígena, lo que en este caso no ocurrió.
El fallo de la Corte asegura la continuidad de un proyecto estratégico que reemplaza a la antigua planta cordobesa de Dioxitek, cerrada en 2014 por regulaciones ambientales. Con la construcción de la plata, la Argentina podrá producir y purificar uranio, un insumo esencial para el funcionamiento de las centrales nucleares.
La decisión también marcó un límite claro frente a intentos de paralizar inversiones estratégicas basadas en argumentos sin sustento. La obra, además de su valor industrial, tiene alto impacto en el empleo local y refuerza la posición de Argentina en el mercado internacional de minerales estratégicos, en un contexto en el que potencias como Estados Unidos y China compiten por el control de estos recursos.
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