El fiscal Senestrari envió a debate a ocho acusados, entre ellos un exmánager cuartetero y un contador implicado.
La Justicia Federal de Córdoba elevó a juicio una causa por lavado de activos de una organización narco que operaba entre Bolivia y Córdoba capital. El grupo, liderado por Marcelo Villega, un exmánager cuartetero, fue acusado de blanquear ganancias de la droga mediante autos y concesionarias. El expediente surgió tras una denuncia anónima que describió con precisión sus movimientos financieros y logísticos.
El fiscal Enrique Senestrari imputó a ocho personas por lavado, entre ellas Villega, su pareja Alejandra Farfán y el contador Hugo Daniel Cingolani. Según la investigación, usaban vehículos de alta gama como moneda de pago y medio de transporte de cocaína. Los bienes eran inscriptos a nombre de familiares y allegados para ocultar el origen de los fondos.
En 2023, la Gendarmería secuestró seis kilos de cocaína en Salta y, tras allanar la casa del cabecilla en barrio Las Magdalenas, encontró más droga, armas y dinero. El caso reveló una estructura que combinaba logística criminal, manejo contable y apariencia de actividad legal.
Autos, dinero y un contador bajo sospecha
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes determinó que la banda habría usado concesionarias y gestorías para registrar vehículos a nombre de terceros. Entre los bienes investigados figuran una finca en Colonia Tirolesa, una Mercedes-Benz Sprinter y varias camionetas 4×4. El método incluía simular ventas y pagos en cuotas para disimular el origen ilícito del dinero.
El contador Cingolani fue acusado de certificar una declaración falsa para justificar $9 millones en la compra de una Ford Raptor. Alegó que los fondos provenían de actividades teatrales, aunque Villega no figuraba inscripto ante la AFIP. El magistrado calificó su defensa como inverosímil y sostuvo que existía una “clara complicidad” en la maniobra.
Los investigadores subrayaron que el valor real de la camioneta superaba los $24 millones, lo que evidenciaba la falsedad de la documentación. Según las escuchas, Villega y su socio Graziano buscaban “sí o sí un contador”, lo que reforzó la hipótesis de connivencia profesional para el lavado.
Familia, testaferros y dinero sin justificar
Las pruebas también alcanzaron a los hijos y familiares de Villega, sospechados de actuar como testaferros en la compra de autos y propiedades. Su hijo Gonzalo habría participado en el lavado de dos vehículos, mientras su hermana Karina figuraba como titular de una Sprinter usada por la organización. Ninguno de ellos tenía ingresos declarados.
El juez advirtió que los pagos en cuotas eran una estrategia para dar apariencia de legalidad a las operaciones. Además, destacó que los principales acusados “obtenían grandes sumas de dinero por actividades delictivas y se beneficiaban de ello con pleno conocimiento de su origen”. El fallo confirmó la elevación a juicio y rechazó los planteos de nulidad del contador.
Senestrari consideró que el grupo usó su estructura familiar y vínculos con el ambiente artístico para enmascarar la red de lavado. La causa ahora avanza a debate oral, donde los fiscales buscarán demostrar cómo el dinero narco se integró al circuito económico formal de Córdoba.
Crimen organizado y control institucional
El caso expone la creciente sofisticación del narcotráfico en Córdoba, donde el delito trasciende las calles para infiltrarse en ámbitos comerciales y contables. La figura del contador que “no sabía nada” refleja una connivencia civil que facilita el blanqueo de capitales.
Concesionarias, gestorías y profesionales se transforman así en eslabones del crimen económico, amparados en la ineficiencia de los controles estatales. La elevación a juicio busca marcar un precedente judicial, pero también deja en evidencia la permeabilidad de las instituciones frente al dinero fácil del narcotráfico.
En un contexto de desconfianza y ausencia de fiscalización efectiva, el desafío para la Justicia cordobesa será demostrar que la ley aún puede imponerse sobre los intereses del delito organizado.
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