El hallazgo en Argentina de Bernarda Vera, una terrorista chilena, pone en evidencia las fallas del gobierno de Boric.
El hallazgo en Argentina de Bernarda Vera, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), un grupo de carácter terrorista en los años 70, generó un terremoto político en Chile.
La protagonista de la historia es una profesora que fue detenida el 10 de octubre de 1973 , aparentemente, había sido ejecutada en el puente de Villarrica sobre el río Toltén, en la región de la Araucania. Sin embargo, el caso dio un giro esta semana a partir de una investigación periodística que habría ubicado a la ex terrorista en la localidad balnearia de Miramar, en la provincia de Buenos Aires.
Este evento golpea directamente al Plan Nacional de Búsqueda y Verdad del presidente Gabriel Boric, una política pública diseñada para investigar a supuestas víctimas de desapariciones en el último gobierno de facto. El descubrimiento demuestra que, lejos de aportar transparencia, el plan encubre errores y beneficia económicamente a familias de falsos desaparecidos.
El encuentro con Bernarda Vera ocurrió cuando la mujer bajaba de un auto, a metros de la puerta de su casa en la ciudad del sur bonaerense, en el partido de General Alvarado. La cronista de Chilevisión se acercó por la espalda y preguntó: “¿Señora Bernarda?”. La mujer correspondió con un enérgico “sí”.
“Hola, ¿Cómo está? Yo soy de Chile, de un canal Chilevisión”, se presentó la periodista. La mujer miraba confundida el despliegue de cámaras y micrófonos. Y rápidamente se negó a seguir hablando. “No, no”, remarcó.
Un hombre apareció por detrás, caminando desde el auto. Rodeó a la periodista, tomó del brazo a la mujer y abrió la puerta de la casa.
La propia Bernarda Vera evitó dar respuestas claras y mostró hostilidad hacia la prensa. En un clima de tensión, la mujer rechazó las preguntas.
En este contexto, llovieron las críticas hacia la administración de Boric. El episodio deja en evidencia la manipulación oficial del relato histórico, ya que el Boletín de Verdad y Justicia había incorporado a Vera en la lista de “desaparecidos”, información que hoy se revela como falsa.
En particular, los cuestionamientos se centraron en que la familia de Vera recibió durante años pensiones estatales financiadas por los ciudadanos chilenos, pese a que se trataba de una ex terrorista que nunca estuvo muerta. “Hay dinero del Estado y hay miles de millones de pesos de plata de los contribuyentes”, sostuvo el diputado de la Unión Democrática Independiente (UDI) Jorge Alessandri.
Los sectores de la oposición al actual gobierno chileno pusieron el foco en Luis Cordero Cordero, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. A él señalan como responsable de la eventual “inexactitud respecto al caso de Vera”.
El relato oficial de Boric y sus ministros choca así con la realidad. Mientras el Ejecutivo promueve un plan que busca “verdad y justicia”, el caso de Vera revela opacidad, ocultamiento y el uso político de las víctimas para consolidar un discurso sesgado sobre el pasado chileno.
Derechadiario.com
