El juez federal de La Plata imputó a directivos de HLB Pharma y Ramallo SA por adulteración de medicamentos.
El escándalo en torno al fentanilo contaminado que provocó la muerte de 96 pacientes sumó un capítulo clave con el avance judicial sobre los responsables de su producción y comercialización. El juez federal de La Plata, Ernesto Krepak, resolvió procesar a 17 ejecutivos de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Ramallo SA, entre ellosal propietario del conglomerado, Ariel FernandoGarcía Furfaro, sobre quien además dictó un embargo por un billón de pesos. La resolución de 401 fojas, a la que accedieron medios judiciales, describe la participación de los acusados en distintos niveles de la cadena de producción, control y distribución de los lotes contaminados.
De acuerdo con la investigación, a los imputados se les atribuye la comisión de los delitos de adulteración de sustancias medicinales en concurso real de un modo peligroso para la salud de las personas. El procesamiento alcanzó a integrantes de la cúpula empresarial, directores técnicos, responsables de manufactura y encargados de control de calidad, lo que deja expuesta una trama de fallas sistémicas en el funcionamiento de los laboratorios implicados.
El juez consideró probado que García Furfaro,como “propietario e integrante de la dirección del conglomerado empresarial, con rol decisorio”, tuvo una responsabilidad central en la fabricación de los lotes adulterados. En la imputación se lo señala como coautor del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud.
La resolución también alcanza a Damián Roberto García, ex director titular de HLB Pharma Group SA y socio de la Droguería Alfarma SRL, señalada como la vía de comercialización del lote 31202 contaminado con bacterias. Fue procesado por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte. Su hermano, Diego HernánGarcía, también fue alcanzado por la medida en su carácter de integrante de la dirección del laboratorio. Lo mismo ocurrió con Nilda Furfaro, madre de los García, quien tuvo funciones de dirección y rol gerencial.
Entre los responsables técnicos aparecen Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura; JoséAntonioMaiorano, director técnico a cargo de la producción y liberación de los lotes; y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA. Todos ellos quedaron procesados por adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte.
El fallo también puso bajo la lupa a la estructura de control de calidad. Víctor Pablo Boccaccio, director de gestión; María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad; y Wilson DanielPons, jefe del área, fueron alcanzados por la medida. A ellos se suman Adriana Iúdica, subjefa de Control de Calidad, quien firmó los protocolos de análisis microbiológico de los lotes cuestionados; Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay, supervisoras de Control de Calidad; y Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, responsable de instrumentación y registros documentales. Todos fueron procesados por los mismos delitos, en calidad de coautores.
La nómina de acusados se completa con Eduardo Darchuk, encargado del registro documental en Laboratorios Ramallo SA, imputado también como coautor en la adulteraciónque derivó en muertes de pacientes.
El único directivo cuya situación procesal no avanzó fue Horacio Antonio Tallarico, presidente y accionista mayoritario formal de Laboratorios Ramallo SA. El juez entendió que actuaba principalmente como “prestanombre” de la familia García y que su rol se limitaba a trámites administrativos. Pese a ello, la resolución aclara que “tampoco existe de momento la certeza de su ajenidad con respecto a los hechos investigados”, por lo que se decretó su falta de mérito y se dispuso continuar con la investigación.
Una situación comparable se verificó en el caso de Rodolfo Antonio Labrusciano, empleado ligado a tareas administrativas y de compras en Laboratorios Ramallo SA. El juez Kreplak consideró que sus funciones se circunscribían a la administración general y a la logística, sin que existieran pruebas de una participación directa en la producción, el control de calidad, la adulteración de medicamentos ni en la documentación investigada.
Los embargos dispuestos por el juez federal Ernesto Kreplak alcanzan cifras multimillonarias. La medida más significativa recayó sobre Ariel Fernando García, propietario de HLB Pharma, con un embargo de un billón de pesos ($1.000.000.000.000). En tanto, Diego Hernán García, Nilda Furfaro, Javier Martín Tchukrán y DamiánRoberto García fueron alcanzados con embargos de quinientos mil millones de pesos ($500.000.000.000) cada uno.
Otros ejecutivos recibieron medidas económicas de menor cuantía, aunque igualmente extraordinarias: CarolinaAnsaldi y José Antonio Maiorano con cien mil millones de pesos ($100.000.000.000) cada uno; Adriana Iúdica con la misma suma; Wilson Daniel Pons y María Victoria García con cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000); mientras que Edgardo Gerardo Antonio Sclafani y Eduardo Darchuk fueron alcanzados por embargos de idéntico monto. Finalmente, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar y Rocío del Cielo Garay recibieron embargos por diez mil millones de pesos ($10.000.000.000) cada una.
A estas medidas patrimoniales se sumó la inhibición general de bienes para todos los imputados, incluidos aquellos sobre quienes se dictó falta de mérito, y la prohibición de salida del país. Esta cautelar quedó asentada en la página 392 de la resolución judicial.
El fallo también estableció que, en caso de condena, la expectativa de pena será de cumplimiento efectivo, con un rango de entre 10 y 25 años de prisión. La calificación legal corresponde a adulteración dolosa de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso real con adulteración peligrosa para la salud, de acuerdo con lo previsto en los artículos 200, 201 bis y concordantes del Código Penal.
Además, el juez Kreplak ordenó el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Fernando García, Diego Hernán García, Nilda Furfaro —quien cumplirá la detención en su domicilio—, Javier Martín Tchukrán, JoséAntonio Maiorano y Carolina Ansaldi, también bajo modalidad domiciliaria.
En cuanto a la defensa, Ariel, Damián y Diego García, junto con el técnico químico Javier Martín Tchukrán, cuentan con el patrocinio del abogado Gastón Marano. El penalista logró la excarcelación de Damián García, quien permanecía detenido hasta el momento de la resolución.
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