La Cámara Civil y Comercial Federal confirmó que la corrupta no deberá afrontar la demanda civil por defraudación al Estado.
La Justicia argentina volvió a darle aire a Cristina Fernández de Kirchner. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal resolvió que la expresidente no deberá pagar los $22.300 millones reclamados por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el juicio civil derivado de la causa Vialidad, el expediente de corrupción por el cual ya fue condenada a prisión.
La decisión se basó en un argumento técnico: la caducidad del proceso debido a la inactividad de Vialidad por más de seis meses. Según señalaron los jueces, el organismo abandonó el expediente entre el 18 de marzo de 2023 y el 7 de abril de 2025, lo que habilitó a la defensa de Kirchner a reclamar la caída del juicio.
El origen del reclamo millonario
La acción civil había sido iniciada el 25 de enero de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, con el objetivo de recuperar los fondos desviados en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz, epicentro del entramado de corrupción kirchnerista. El juez de primera instancia, Marcelo Bruno dos Santos, ya había dado por terminado el proceso en abril de este año, señalando que Vialidad había dejado vencer los plazos. Ese fallo fue apelado por el organismo, hoy bajo la dirección de Marcelo Jorge Campoy, pero sin éxito.
La DNV defendió su accionar alegando que sí había impulsado el expediente. En su apelación sostuvo que en septiembre de 2023 respondió una notificación de Carlos Kirchner, quien había sido absuelto en el tramo penal y pidió ser excluido de la demanda civil. Incluso sumó como antecedente la solicitud del 15 de septiembre de 2023 para pedir el expediente en préstamo y digitalizar documentos. Según la defensa estatal, desde esa fecha hasta la suspensión del caso solo habían transcurrido 6 días hábiles (o 12, si se computaba la gestión de digitalización).
Los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi integraron la mayoría y confirmaron la caducidad. En un fallo de 11 páginas, concluyeron que la última acción válida fue la orden judicial del 17 de marzo de 2023 y que todo lo presentado por Vialidad después del 18 de septiembre de 2023 carecía de valor, ya que el expediente estaba paralizado.
Para los camaristas, ni siquiera el pedido de préstamo del expediente podía computarse como impulso válido: Vialidad “no era responsable de digitalizar documentos” y, por lo tanto, el trámite no tuvo impacto procesal.
En disidencia, la jueza Florencia Nallar consideró que la medida era “extrema” y que debía aplicarse con cautela, advirtiendo que el recurso a la caducidad no podía convertirse en un “artificio para impedir un pronunciamiento sobre el fondo del pleito”. Para la magistrada, Vialidad había realizado acciones sustanciales —como contestar la absolución de Carlos Kirchner— que no debían ser anuladas automáticamente.
Nallar también subrayó que, tras la reanudación del caso en marzo de 2025, era el propio Juzgado quien debía resolver lo pendiente, por lo que la inactividad del organismo demandante no implicaba necesariamente abandono.
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