El subsecretario de Políticas Universitarias dijo que el Parlamento está “dominado por la oposición” y cuestionó las autoauditorías en instituciones educativas
El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, brindó un análisis esta mañana acerca del rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario,que ayer por la tarde se votó en Diputados.
“Este es un Congreso dominado por la oposición. Es coherente que voten las cosas irresponsables que están haciendo”, declaró durante una entrevista en Radio Mitre.
El funcionario se refirió de este modo a la contundente derrota del oficialismo en Diputados, donde la mayoría opositora logró aprobar la ley de financiamiento universitario y la ley de emergencia en pediatría, vetadas previamente por el Gobierno nacional.
En cuanto al reclamo presupuestario del sistema universitario, Álvarez defendió la postura del Ejecutivo y cuestionó las demandas de la oposición y de dirigentes sindicales universitarios por considerar que son inviables en el actual contexto económico. “La política lo toma para hacer lo que mejor hace, que es demagogia. Parece que lo único que están buscando es que estemos obligados otra vez a tener inflación y imprimir para satisfacer algo imposible”, sostuvo.
Y, como ejemplo, mencionó el pedido de algunos sectores para establecer un sueldo básico universitario de dos millones de pesos: “A nosotros también nos gustaría, pero hay restricciones presupuestarias que tienen que ver con la responsabilidad del manejo de los fondos escasos”.
Consultado sobre los pasos a seguir cuando la ley sea convertida oficialmente, Álvarez reafirmó el cumplimiento de las normas por parte del Ejecutivo, pero no evitó cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la que acusó de tomar medidas irregulares durante los reclamos sectoriales. “Siempre cumplimos la ley. Al contrario de muchas autoridades que hacen cosas completamente ilegales, como la UBA, que bloqueó los usuarios de todos los alumnos del país, incluso los que estudian a distancia, para hacer su protesta. Por eso yo los denuncié por falta a los deberes de funcionario público, porque eso no es una protesta, es el bloqueo de usuarios digitales”, afirmó.
Respecto a la flamante ley universitaria aprobada en el Congreso, el subsecretario además advirtió sobre su falta de viabilidad real: “Tiene un montón de problemas, dice dónde imputa los gastos, pero no de dónde sale el dinero. Puede venir un Congreso maravilloso y votar la derogación de la ley de gravedad. La gravedad va a seguir existiendo. De esta manera, las restricciones presupuestarias van a seguir existiendo”, subrayó.
Además, alertó que la norma contradice la legislación vigente en materia laboral: “Viola por lo menos cinco leyes respecto a las negociaciones colectivas de trabajo, porque determina cómo tiene que ser una paritaria. Mañana, con el mismo derecho, la paritaria de los camioneros o de los panaderos la podría definir el Congreso”.
Los salarios en educación
Otro aspecto abordado fue la transparencia y los salarios docentes y de rectores universitarios. Ante las preguntas sobre supuestos sobresueldos, Álvarez defendió la publicación de las escalas salariales sin violar la privacidad de los involucrados en relación al cruce en redes entre el ministro Luis Caputo y el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti: “En eso soy estricto respetuoso de la ley de protección de datos personales. Por eso amplié la denuncia contra el rector de la Universidad de Buenos Aires, porque él es responsable de los datos que tiene a cargo. Estuvieron circulando en las redes capturas de pantalla de los resultados de materias de estudiantes que ellos detestan, y eso no es correcto”, insistió.
El funcionario evitó responder sobre nombres pero ratificó sus afirmaciones: “Ratifico que hay un rector que cobró dieciocho millones de pesos, pero no voy a decir ni quién es ni quién no es. Todo el mundo me lo ha pedido, pero yo voy a ser muy respetuoso”.
Sobre la posibilidad de que trascienda la información precisa, aclaró que esa responsabilidad ya no depende de él: “Cada uno es responsable. En algún momento, una persona puede ir a pedir un acceso a la información pública y un juez puede determinar que lo tienen que comunicar. Me alivia a mí por razones de fuerza mayor del secreto estadístico”.
El subsecretario de Políticas Universitarias también se refirió al sistema de auditorías en universidades nacionales y criticó el funcionamiento de los controles internos. “Lo que estoy promoviendo es que las universidades tengan un convenio de cooperación con la SIGEN (Sindicatura General de la Nación). La Universidad de Córdoba ya lo firmó, la de La Plata y la del Nordeste están por hacerlo. Es un convenio que no va a firmar la UBA porque consideran que están por encima de la ley”, destacó.
Según Álvarez, la autoauditoría es una práctica extendida en algunas instituciones, pero insuficiente: “Tienen una auditoría interna, es otro partidario de ellos. Y cuando dicen que la auditoría la tiene que hacer la AGN (Auditoría General de la Nación), la ley dice específicamente AGN, SIGEN. Ellos dicen solo la AGN, que está compuesta por los mismos partidos políticos que ayer votaron en contra de la ley de gravedad”.
Álvarez también apuntó contra la falta de cumplimiento de decretos reglamentarios sobre transparencia en el uso de fondos públicos. “El presidente firmó al principio de año dos decretos de transparencia obligatorios para todas las universidades, que tienen que usar el sistema de administración financiera ECIF y el portal Comprar. No lo utilizan. Tampoco se sabe en qué gastan la plata. Este es otro tema: si tuviéramos un sistema transparente como el resto de la administración pública, no tendríamos este debate sobre quién cobra tanto o qué hacen con la plata”.
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