El subsecretario de Políticas Universitarias aclaró en A24 que la Universidad de Buenos Aires tiene cubiertos todos sus pedidos de fondos y desmontó el relato opositor.
En diálogo con Pablo Rossi y Eduardo Feinmann en A24, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “Profe” Álvarez, respondió a los cuestionamientos sobre el financiamiento a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ante la advertencia del rector Ricardo Gelpi sobre un supuesto “estado crítico”, Álvarez explicó que la institución ya recibió el 100% de los recursos solicitados.
El funcionario detalló que hace tres meses la UBA pidió un refuerzo de 33 mil millones de pesos, que fue otorgado en su totalidad. “No tengo ninguna solicitud de fondos extra para la Universidad de Buenos Aires”, aclaró, remarcando que no existen reclamos adicionales pendientes.
Fondos garantizados y compensaciones específicas
Álvarez precisó que todas las universidades nacionales están recibiendo atención caso por caso, incluso con compensaciones frente a gastos extraordinarios como electricidad o seguridad. Además, subrayó que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) garantiza la cobertura del financiamiento hasta fin de año: los recursos ya están acreditados en el programa de educación superior.
Respecto al presupuesto 2026, señaló que el Gobierno presentó el proyecto en el Congreso con la ejecución actualizada y que los fondos para el próximo año estarán contemplados en esa planificación.
La doma del Profe al subsecretario de Hacienda de la UBA
Luego, en A24 se comunicaron con Matías Ruíz, subsecretario de Hacienda de la UBA, quien afirmó que las obras en las universidades que dependen de Nación están “paralizadas desde hace un año y medio”. “Estamos en un momento de extremo peligro en la UBA”, continuó.
“Eso es falso, ustedes no nos dejan auditar así que no tenemos conocimiento de en qué gastan el dinero”, rebatió Álvarez. “Ni siquiera suben las compras al canal Compr.ar, no sabemos en qué la gastan”, concluyó.
Críticas a la ley vetada por Milei
El subsecretario también justificó el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. Explicó que la normativa estaba “mal hecha” y violaba la Ley de Administración Financiera porque no especificaba la partida presupuestaria de donde saldrían los recursos. “Cuando se crea un gasto, se debe imputar a una partida concreta”, advirtió.
A esto sumó un segundo problema: la intromisión en la negociación salarial universitaria. Según Álvarez, la paritaria debe resolverse entre el Gobierno y los sindicatos del sector, y no mediante una ley que intente fijar esas condiciones de manera unilateral.
A esto sumó un segundo problema: la intromisión en la negociación salarial universitaria. Según Álvarez, la paritaria debe resolverse entre el Gobierno y los sindicatos del sector, y no mediante una ley que intente fijar esas condiciones de manera unilateral.
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