La licitación 82-0004-LPU25 contiene serias irregularidades. El proceso habría sido direccionado para favorecer a Goya Corrientes SRL, vinculada a denuncias de acoso sexual. El estado terminará pagando un sobrecosto de 90 millones de pesos. Un amplio listado de funcionarios de la secretaría de Educación quedó en la mira.
La licitación pública 82-0004-LPU25, destinada a contratar el servicio de vigilancia y seguridad de dependencias del ministerio de Educación por seis meses, contiene graves irregularidades. El procedimiento está plagado de omisiones y defectos administrativos, y terminó direccionado en beneficio de Goya Corrientes SRL, que ya venía prestando el servicio en el área.
En la apertura de sobres del 26 de mayo de 2025 se registraron cuatro ofertas:
– Separ SRL – 1.510.347.384 pesos.
– Goya Corrientes SRL – 1.161.775.344 pesos (preadjudicataria).
– Alesa Servicios Integrales – 1.071.471.672 pesos.
– Entheus Seguridad Privada SRL – 1.096.430.610 pesos.
La preadjudicación a Goya implica que el estado pagará casi 90 millones de pesos más caro que la propuesta más conveniente, y 65 millones más que otra oferta también más económica.
Las irregularidades abarcan: nulidad del procedimiento por vicios graves, sobreprecio de 90 millones de pesos en perjuicio del erario público; falta de intimación para subsanar balances, violando el artículo 67 del decreto 1030/16; omisión de una circular modificatoria pese a consultas técnicas obligatorias (artículo 50 del decreto 1030/16); arbitrariedad de la Comisión Evaluadora, que desestimó ofertas más convenientes sin fundamentos; violación a principios de ética pública y transparencia (ley 25.188 y decreto 1023/01); y reserva de iniciar acciones judiciales si no se revierte la preadjudicación.
Funcionarios en la mira
Hay quince funcionarios y autoridades de la secretaría de Educación comprometidos por incumplimientos, acción u omisión, en el procedimiento: Carlos Torrendell (secretario de Educación), Alejandro Schiavi (subsecretario de Gestión Administrativa), Juan Pablo Pale (director de Administración de Educación), Karina Castillo (jefa de Compras y Contrataciones), Marcela Rodríguez O’Connor (coordinadora de Servicios y Mantenimiento), Hebe Rodríguez (jefa de Dictámenes Jurídicos), Adrián Lenti (analista contable), Bárbara Haag (asistente administrativa) y los integrantes de la Comisión Evaluadora Damián Pereira, Luis Adrián Gerola, Nicole Rosario Belén Ghello, Viviana Noemí Sallaberry, Micaela Nadia Groisman y Santiago Labanowski.
Poder y antecedentes
Goya Corrientes SRL, fundada en 1991 por Gustavo J. Kein y Eduardo C. Alamos, no solo concentra contratos en Educación: también tiene adjudicada la seguridad de todas las sucursales de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), además de ministerios, hospitales, aeropuertos, museos y universidades.
Fuentes consultadas aseguran que “de la mano de Kein y Alamos, Goya se convirtió en un actor casi monopólico de la seguridad privada estatal, blindado por contratos que se renuevan año tras año sin verdadera competencia”.
Pero la empresa arrastra un prontuario preocupante:
– En 2017, Kein fue denunciado públicamente por acoso sexual durante entrevistas laborales, en un caso que se viralizó en redes sociales.
– En 2008, diputados de la Coalición Cívica denunciaron contrataciones irregulares en el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires a favor de Goya, en desmedro de la Policía Bonaerense y con un costo más alto.
– En 2019, el gobierno volvió a adjudicarle un contrato millonario en Educación, pese a que las denuncias ya eran de dominio público.
El hombre detrás de las contrataciones
El nombre que aparece como garante de este esquema es Juan Facundo Etchenique, actual secretario de Coordinación Legal y Administrativa del ministerio de Capital Humano de Argentina. Abogado especializado en el fuero civil y comercial, sin antecedentes en gestión pública ni formación en derecho administrativo, concentra la firma que habilita cada contratación en el ministerio.
Fuentes consultadas advierten que Etchenique es quien está garantizando las contrataciones de Goya Corrientes SRL, dando continuidad a un entramado que excede a la actual gestión y que replica la impunidad de gobiernos anteriores. Su rol no es menor: sin su rúbrica, nada se mueve en un área donde se definen licitaciones multimillonarias y se consolidan proveedores históricos del estado.
En palabras de un funcionario del área, “Etchenique se convirtió en el blindaje político y administrativo de Goya y de la empresa de limpieza Martin & Cia. Ltda.”.
De confirmarse, se trataría de un nuevo capítulo de favoritismo y concentración en contrataciones públicas en el gobierno de Javier Milei, con un perjuicio concreto de 90 millones de pesos y la sombra de antecedentes escandalosos sobre la empresa beneficiada.
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