El diputado nacional Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de resolución para citar al jefe de Gabinete y al ministro de Salud, tras la difusión de audios que revelarían pedidos de coimas en el área de Discapacidad. La iniciativa se suma al rechazo al veto presidencial de la emergencia en la materia, que había sido aprobada en el Congreso.
El escándalo en torno a la política de discapacidad sumó un nuevo capítulo en el Congreso. El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) presentó un proyecto de resolución para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Salud, Mario Lugones, sean interpelados en la Cámara baja a raíz de la difusión de audios que dan cuenta de presuntos pedidos de coimas vinculados a la tramitación de prestaciones y contrataciones en el área.
En paralelo, el legislador cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por haber vetado la ley de emergencia en discapacidad, medida que la oposición logró revertir en el recinto esta semana, aunque resta ahora que el Senado cumpla esa tarea. “Primero veta la emergencia, como si no fuera necesario proteger a quienes más lo necesitan. Y ahora estallan audios que revelan pedidos de coimas. Una vergüenza”, escribió en su cuenta de X.
El proyecto detalla un amplio cuestionario que deberán responder los funcionarios, que va desde la eventual presentación de denuncias penales y la autenticidad de los audios, hasta la identificación de funcionarios involucrados, los procedimientos administrativos para otorgar el Certificado Único de Discapacidad, los circuitos de pago a prestadores, la existencia de manuales de procedimiento y mecanismos de control, así como los protocolos de integridad y canales de denuncia internos.
También exige explicaciones sobre la ejecución presupuestaria del área, la deuda acumulada con prestadores, las medidas de resguardo de documentación y sistemas, y un eventual plan de reformas para garantizar transparencia y continuidad en las prestaciones.
“El acceso oportuno y transparente a los apoyos y servicios para personas con discapacidad es un mandato jurídico y ético que el Estado no puede desatender. La difusión de un audio que asigna conductas ilícitas exige verificación inmediata, identificación de responsables y medidas correctivas”, argumenta Agost Carreño en los fundamentos.
El pedido de interpelación fue acompañado por legisladores de distintos bloques opositores, entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Mónica Fein, Juan Fernando Brügge, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres.
La polémica se enmarca en un contexto de fuertes reclamos de beneficiarios y prestadores por demoras y trabas en la cobertura de prestaciones, sumado a un creciente malestar social por el veto presidencial. Ahora, la oposición busca que el Gobierno dé explicaciones públicas en el Congreso sobre lo que podría transformarse en uno de los mayores escándalos de la gestión en un área especialmente sensible.
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