Diputados sesionará este miércoles para tratar la “Ley Malvinas” y Carta Orgánica del Banco Central
El proyecto de Defensa de la Soberanía será el “plato fuerte” de la sesión que fue convocada a partir de las 12. Acuerdos internacionales, traspaso judicial a CABA y una iniciativa sobre cooperativas, los otros temas.
La Cámara de Diputados sesionará este miércoles para tratar la llamada “Ley Malvinas”, el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno, que se anticipa como el “plato fuerte” de la jornada. Además, se buscará dar sanción definitiva a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que volvió con cambios desde el Senado.
Tal cual el cronograma que manejaba el oficialismo desde antes de la visita del Papa León XIV, la Cámara baja irá a sesión este 18 de noviembre y la semana próxima, cuando se espera que trate el Presupuesto 2027.
El temario de este miércoles está compuesto además por dos acuerdos internacionales: Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio y el Mercosur; y la Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur.
También, convenios judiciales entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires suscriptos en julio de este año. Se trata del Cuarto Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad y el Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Criminal y Correccional de Menores.
El último tema es un dictamen que modifica el artículo 2 de la Ley 24.467 -Marco Regulatorio de las Pequeñas y Medianas Empresas- con el fin de que las cooperativas puedan acceder al certificado MiPyMEs.
Para la sesión que fue oficializada este lunes, La Libertad Avanza espera contar con el apoyo de sus aliados para el quórum (129) y poner en marcha la reunión.
Ley de Defensa de la Soberanía Nacional
El proyecto enviado por el Gobierno en septiembre pasado obtuvo dictamen el 28 de octubre, con las firmas de La Libertad Avanza y bloques aliados. Sin embargo, la letra de la iniciativa continuó conversándose.
La semana pasada, un grupo de dialoguistas pidieron al oficialismo modificaciones en un título en particular -y hasta su retiro completo-; si no se hicieran cambios o no convenciera la contrapropuesta oficial, el mismo corre riesgo de caerse en la votación en particular.
El texto se trató en las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, en reuniones con alta discusión y no exentas de cruces picantes. La representante del Ejecutivo con más peso que asistió a defender el proyecto fue la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que responde al asesor presidencial Santiago Caputo, quien está detrás de la propuesta.
El proyecto original constaba de 133 artículos y pasó a 154 en el dictamen. El título I, sobre “Defensa de los Recursos Naturales de la Nación”, prevé la derogación de la actual Ley 26.659 -sobre sanciones en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina-. El nuevo régimen sancionatorio a empresas que actúen sin habilitación argentina alcanzaría no solo a las actividades hidrocarburíferas, sino a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables.
La oposición apuntó que solamente el título I está relacionado con la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, ya que en los siguientes se introducen importantes modificaciones en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Inteligencia (25.520), la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (26.215) y el Código Penal.
El título II prevé el “Sistema de Seguridad Nacional”, con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional. Entre las modificaciones se incorporó el seguimiento parlamentario, a través de la creación de una “Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, la que tendrá por finalidad dar seguimiento a las medidas que adopte el Consejo de Seguridad Nacional”, debiendo éste elevar informes periódicos a los respectivos cuerpos legislativos.
Los demás títulos son: Protección de la Soberanía Aeroespacial, Marítima, Fluvial y Lacustre, y de las Infraestructuras Críticas; Afectación o Amenaza a la Seguridad Nacional. Régimen Sancionatorio; Revisión de Inversiones Extranjeras por Razones de Seguridad Nacional; Defensa Nacional. Modificaciones a la ley 23.554; Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones; Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET); y Disposiciones transitorias y complementarias.
Puntualmente sobre el título VII, llamado “Fortalecimiento de la Soberanía en los Procesos Electorales y Otras Modificaciones”, se prevén multas significativas a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.
El artículo 111, ahora 129 en el dictamen, fue uno de los más cuestionados desde el principio. Se trata de incorporar penas de 5 a 12 años a quien organizare o financiare “una campaña de injerencia extranjera”. Durante el dictamen se modificó y se excluyó de esto la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable.
Sin embargo, todo el título sigue generando reparos. Y así se lo hicieron saber un grupo de aliados al oficialismo en una reunión que hubo la semana pasada en el Salón de Honor de Presidencia. Mientras algunos pidieron nuevos cambios, otros bloques directamente reclamaron su retiro. Para la votación en particular, este título demanda además una mayoría absoluta, de 129 votos, por tratarse de una modificación a normativa electoral.
Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
La Cámara de Diputados buscará dar sanción definitiva al proyecto, que fue devuelto por el Senado con modificaciones respecto a la designación y remoción de los integrantes del directorio del BCRA.
Entre las principales modificaciones a la Carta Orgánica, la primera es definir como misión central “la preservación del valor de la moneda nacional”. En ese sentido, elimina los objetivos múltiples definidos en la reforma de 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont, bajo la presidencia de Cristina Kirchner. A su vez, se establece la prohibición de que la entidad financie al Tesoro Nacional.
El proyecto endurece las condiciones de remoción de los integrantes del directorio. Originalmente, en cuanto a nombramiento y remoción, se proponía que la decisión decretada por el Poder Ejecutivo cuente además con la aprobación de dos tercios de los presentes de ambas cámaras del Congreso.
Sin embargo, el Senado introdujo cambios -casi por unanimidad- para que esa cámara siga siendo la única con potestad en este asunto. De esta manera, los directivos serán designados o removidos con la aprobación por mayoría absoluta de la Cámara alta, es decir, la mitad más uno.
No obstante, el texto aclara que el PEN “podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo que insuma el otorgamiento del acuerdo del Honorable Senado de la Nación”.
Por otra parte, la iniciativa prevé la eliminación de las reservas de libre disponibilidad; fija cambios en la distribución de utilidades y un mecanismo para cancelar progresivamente las letras intransferibles y los adelantos transitorios acumulados en el activo de la entidad.
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