Argentina cerró sus alegatos contra Reino Unido ante el Tribunal del Mar y espera un fallo por Malvinas
La delegación argentina y el Reino Unido cerraron sus exposiciones en Hamburgo por el proyecto Sea Lion.
La Argentina y el Reino Unido concluyeron este miércoles sus exposiciones ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, por la explotación petrolera británica en las Islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei busca que el organismo internacional ordene suspender el proyecto Sea Lion, una iniciativa de extracción de hidrocarburos que avanza sobre un área cuya soberanía reclama históricamente nuestro país.
La segunda y última jornada de audiencias representó una instancia clave para la estrategia diplomática y jurídica argentina. Después del intercambio de argumentos del martes, ambas delegaciones tuvieron una nueva oportunidad para defender sus posiciones antes de que los jueces comiencen a deliberar.
La decisión podría conocerse el viernes 13 de noviembre, cuando vence el plazo estimado para resolver el pedido de medidas provisionales, aunque también existe la posibilidad de que el tribunal demore su pronunciamiento hasta la semana siguiente. La fecha todavía no fue confirmada oficialmente por el organismo.
El planteo argentino apunta a impedir que el Reino Unido continúe avanzando con la explotación de recursos naturales en una zona sometida a una controversia de soberanía. El objetivo es evitar que la actividad petrolera consolide hechos consumados sobre recursos que Argentina considera propios, antes de que se resuelva el conflicto por las vías jurídicas correspondientes.
El reclamo argentino para frenar la explotación petrolera británica
Durante las audiencias, la representación argentina sostuvo que el desarrollo de Sea Lion resulta incompatible con las obligaciones establecidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), especialmente por tratarse de una zona marítima atravesada por una disputa entre ambos países.
Buenos Aires solicitó medidas provisionales para que el Reino Unido impida el inicio o la continuidad de las actividades de explotación de hidrocarburos, mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá intervenir en la controversia de fondo.
Uno de los principales argumentos argentinos es que la extracción de petróleo constituye una actividad sobre recursos no renovables que podría generar consecuencias irreversibles. También se plantearon riesgos ambientales vinculados con posibles derrames y las dificultades para responder ante eventuales accidentes en el Atlántico Sur.
El Reino Unido rechazó el planteo y cuestionó la competencia del Tribunal del Mar para intervenir. Londres defendió las actividades petroleras y sostuvo que las perforaciones no comenzarían antes del 21 de marzo de 2027, mientras que la producción efectiva estaría prevista para 2028.
Sin embargo, para la Argentina, permitir que el proyecto avance sin restricciones podría perjudicar los derechos que busca proteger durante el proceso arbitral.
La delegación de Javier Milei y el respaldo jurídico argentino
El presidente Javier Milei siguió de cerca las audiencias desde Buenos Aires y transmitió su satisfacción por el trabajo realizado por el Gobierno en la defensa de los intereses nacionales.
Según trascendió, el mandatario compartió un mensaje con integrantes de su gabinete en el que destacó: «Laburamos sobre los temas de Malvinas como nadie en la historia».
La delegación argentina estuvo encabezada por Mario Oyarzábal, agente del país ante el tribunal, junto a María Ibarzábal Murphy, secretaria legal y técnica de la Presidencia, y la embajadora Bettina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania.
También participaron funcionarios de la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación, además de especialistas internacionales en derecho del mar y soberanía sobre recursos naturales, entre ellos Nico Schrijver, Marcelo Kohen y Agustín Giustiniani.
Del lado británico, la representación estuvo encabezada por la fiscal general Ellie Reeves, acompañada por los abogados Sally Langrish y Paul McKell, además de funcionarios del gobierno de las islas.
Un dato significativo fue la presencia en la sala de Ian Ramsay, CEO de Navitas Petroleum, y Samuel Moody, CEO de Rockhopper Exploration, las dos compañías vinculadas al desarrollo de Sea Lion. También estuvo Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las islas.
El proyecto Sea Lion y la presencia británica en Malvinas
El emprendimiento petrolero Sea Lion se encuentra a aproximadamente 198 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, en un bloque de unos 541 kilómetros cuadrados de la cuenca norte.
El proyecto está operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration y contempla una explotación de aproximadamente 35 años, con la perforación de 23 pozos.
La planificación empresarial prevé comenzar las perforaciones durante 2027 y avanzar hacia la producción comercial en 2028. Por eso, el Gobierno argentino considera fundamental obtener una resolución que impida que las compañías continúen desarrollando el emprendimiento mientras permanece abierta la controversia.
La disputa no se limita a una cuestión económica. La explotación de hidrocarburos representa otro capítulo de la disputa por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos circundantes.
En paralelo, la llegada de la princesa Ana, hermana del rey Carlos III, al archipiélago el 9 de noviembre también generó atención. Su visita, confirmada por el registro oficial de actividades de la Casa Real británica, coincidió con el inicio de las audiencias en Hamburgo.
Cuándo podría conocerse el fallo del Tribunal del Mar
Con las exposiciones de ambas delegaciones finalizadas, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar deberá analizar los argumentos y determinar si corresponde conceder las medidas provisionales solicitadas por la Argentina.
Existen tres escenarios posibles: que los jueces acepten íntegramente el pedido argentino y ordenen frenar Sea Lion, que concedan medidas parciales o que rechacen la solicitud.
La particularidad jurídica del procedimiento es que el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como mecanismo para resolver controversias bajo la Convemar, mientras que Argentina seleccionó al Tribunal del Mar. Al no coincidir las elecciones, el conflicto de fondo deberá tramitarse mediante un arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención.
Por eso, el TIDM interviene en esta instancia para determinar si corresponde adoptar medidas provisionales mientras se constituye el tribunal arbitral.
El viernes 13 de noviembre aparece como la fecha estimada para conocer la resolución, aunque el pronunciamiento podría demorarse algunos días más. La propia empresa Rockhopper comunicó a sus inversores que espera una decisión antes de finalizar el año.
Un eventual fallo favorable a la Argentina tendría consecuencias jurídicas y diplomáticas relevantes: permitiría establecer restricciones sobre el avance petrolero británico y reforzaría el reconocimiento internacional de que existe una controversia pendiente entre ambos países.
La estrategia de Milei apunta a utilizar las herramientas del derecho internacional para defender los recursos naturales argentinos y evitar que el Reino Unido consolide la explotación económica de una zona cuya soberanía continúa siendo reclamada por Buenos Aires.
Derechadiario.com
