El kirchnerismo quiere obligar a todos los argentinos a verificar su identidad para usar internet
Una diputada de Unión por la Patria presentó un proyecto para imponer la verificación biométrica obligatoria en redes sociales, plataformas digitales y videojuegos. La iniciativa abre un peligroso debate sobre la privacidad y la libertad de expresión.
El kirchnerismo vuelve a poner en evidencia su concepción de la libertad individual con una iniciativa legislativa que amenaza con convertir el uso de internet en Argentina en una actividad condicionada a la identificación obligatoria de cada ciudadano. La diputada nacional Cecilia López Pasquali, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que busca exigir la verificación de identidad mediante datos biométricos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para utilizar redes sociales, plataformas digitales y aplicaciones de videojuegos.
La propuesta, presentada el 3 de noviembre bajo el expediente 6018-D-2026, pretende establecer un sistema de verificación de identidad digital obligatorio para quienes quieran crear, activar o mantener cuentas en las plataformas alcanzadas. Aunque la iniciativa se presenta bajo argumentos vinculados a la seguridad informática y la protección de menores, sus implicancias sobre la privacidad y el ejercicio de la libertad de expresión son mucho más profundas.
En la práctica, el proyecto supone que los argentinos deberán acreditar quiénes son antes de poder participar en determinados espacios de internet. Una medida que introduce un mecanismo de identificación estatal sobre actividades que, hasta ahora, podían realizarse sin necesidad de vincular públicamente una cuenta con la identidad civil de su titular.
El proyecto kirchnerista que pretende identificar a todos los usuarios de internet
La iniciativa de López Pasquali propone utilizar el Sistema de Identidad Digital (SID) del RENAPER para validar biométricamente a los usuarios. El mecanismo alcanzaría a redes sociales, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de juegos que operen en Argentina.
Uno de los puntos más preocupantes es que la obligación no se limitaría a quienes creen cuentas nuevas. El texto también contempla a quienes ya tienen perfiles activos, que deberán acreditar su identidad para mantenerlos en funcionamiento.
El proyecto permite continuar utilizando seudónimos, nombres artísticos y avatares. Sin embargo, detrás de cada cuenta deberá existir una identidad real previamente verificada. Además, contempla la posibilidad de revelar esa identidad ante requerimientos judiciales.
Esto representa un cambio sustancial en la relación entre los ciudadanos y las plataformas digitales: el anonimato dejaría de ser una posibilidad efectiva para quienes quieran expresarse sin vincular sus opiniones con su identidad personal.
El riesgo de concentrar información sensible en el RENAPER
Otro de los aspectos que genera preocupación es la participación del RENAPER en el sistema. La propuesta incorpora herramientas de validación biométrica de un organismo estatal que ya estuvo involucrado en controversias por el manejo y la utilización de información personal.
En 2021 se conoció una filtración de datos personales que incluía información de millones de argentinos. Posteriormente, en 2023, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas denunció posibles usos ilegítimos de información contenida en las bases del organismo, luego de detectar consultas injustificadas sobre políticos, jueces, fiscales, legisladores y otras figuras públicas.
Estos antecedentes vuelven especialmente delicada cualquier ampliación de los mecanismos de identificación digital vinculados al Estado.
Si bien el proyecto establece que las plataformas no podrán almacenar fotografías ni plantillas biométricas de los usuarios y que recibirán respuestas de validación, eso no elimina los interrogantes sobre la seguridad del sistema, los accesos a la información y las garantías de protección de los ciudadanos.
Un peligroso precedente para la libertad de expresión
El problema de fondo excede ampliamente la utilización de redes sociales. La posibilidad de expresarse sin revelar la identidad personal cumple una función fundamental en cualquier sociedad democrática.
El anonimato permite que ciudadanos denuncien hechos de corrupción, cuestionen a funcionarios públicos, expongan abusos de poder y compartan información sensible sin quedar inmediatamente expuestos a represalias.
En provincias como Formosa, donde el poder político de Gildo Insfrán lleva décadas en el centro de las discusiones sobre el funcionamiento institucional, la posibilidad de denunciar irregularidades sin exponer públicamente la identidad puede resultar especialmente importante.
También representa una herramienta para trabajadores que quieran cuestionar a empresarios poderosos, ciudadanos que necesiten denunciar a integrantes de las fuerzas de seguridad o personas que teman sufrir persecuciones por sus opiniones políticas.
La identificación obligatoria puede generar un efecto intimidatorio: aunque nadie tenga prohibido formalmente criticar al Gobierno, saber que cada cuenta está asociada a una identidad verificable puede desalentar determinadas expresiones.
El proyecto todavía debe atravesar el Congreso
La iniciativa de Unión por la Patria todavía no es ley. El expediente 6018-D-2026 fue girado a las comisiones de Legislación General, Comunicaciones e Informática, y Familias, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados.
Por lo tanto, todavía debe atravesar el tratamiento parlamentario correspondiente antes de poder convertirse en una obligación para los usuarios argentinos.
El debate sobre la seguridad digital y la protección de los menores es legítimo y necesario. Sin embargo, utilizar esos objetivos para justificar un sistema generalizado de identificación biométrica abre interrogantes que no pueden ser ignorados.
La Argentina no necesita que el Estado conozca la identidad detrás de cada opinión publicada en internet para combatir las estafas o perseguir delitos. Necesita instituciones capaces de investigar a los responsables sin convertir a todos los ciudadanos en sujetos sometidos a identificación permanente.
La iniciativa de Cecilia López Pasquali merece un profundo rechazo y un debate público que ponga en primer plano los derechos individuales. La libertad de expresión también se defiende en internet, especialmente cuando se trata de proteger a quienes necesitan hablar sin miedo a las represalias.
Derechadiario.com
