El Gobierno cambia la ley de sanciones por Malvinas y Diputados enfrenta para varios desafíos avanzar
La administración de Javier Milei podría limitar las sanciones a empresas por la explotación hidrocarburífera ilegal en Malvinas ante las advertencias de Estados Unidos.
En un escenario atravesado por intensas negociaciones políticas y presiones diplomáticas por parte de Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei aplicaría una serie de modificaciones sustanciales al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Mientras que el oficialismo en la Cámara de Diputados busca conseguir los avales para lograr un dictamen de mayoría este martes.
Las reformas en la iniciativa para sancionar a empresas que operen en las Islas Malvinas se habrían concretado tras las advertencias formales realizadas por funcionarios de la administración de Donald Trump respecto del impacto que las medidas originales podían provocar sobre sus compañías.
En este marco, el plenario que reúne a las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal fue convocado para este martes a las 16 en el Anexo C de la Cámara baja.
El encuentro estará encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, presidentes de las respectivas comisiones. También están convocados Martín D’Alessandro y Norma Morandini, presidente y vicepresidenta de Poder Ciudadano.
La reunión se desarrolla bajo la supervisión directa de la Casa Rosada, aunque persisten dudas sobre la consecución de las firmas necesarias para cerrar el trámite parlamentario de la jornada.
A diferencia de otros proyectos nacidos del acuerdo legislativo, es el propio Poder Ejecutivo el que marca los límites de la discusión y define qué modificaciones conceder a la oposición dialoguista.
La presión de Estados Unidos y las concesiones en Malvinas
El texto original del expediente, impulsado por el asesor presidencial Santiago Caputo, fijaba un severo esquema de sanciones contra empresas y Estados extranjeros que exploten ilegalmente recursos argentinos en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
En la antesala de la reunión plenaria, el Presidente recibió en el despacho oficial al subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau.
Durante el cónclave, la representación estadounidense advirtió sobre las probables consecuencias que el primer capítulo del proyecto acarrearía para sus firmas corporativas.
El apartado en cuestión apunta contra las firmas vinculadas al desarrollo petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas -liderado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas-, alcanzando además a sus socios comerciales.
Como resultado de esas gestiones internacionales, el Gobierno habría aceptado acotar las penalidades exclusivamente a quienes ejecuten negocios ilegales en territorio argentino como operadoras directas, licenciatarias, proveedoras directas o accionistas directos.
De este modo, los fondos de inversión indirectos con participaciones accesorias en las petroleras quedarían eximidos de responsabilidad legal.
Control parlamentario y cambios en la libertad de prensa
Pese a estos retoques en materia sancionatoria, la iniciativa preserva la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo unificado bajo la presidencia del Jefe de Estado para trazar estrategias de defensa, inteligencia y seguridad interior.
El ente retendrá la potestad de auditar, aprobar o rechazar inversiones de origen extranjero en sectores estratégicos como energía, hidrocarburos, telecomunicaciones, minería, actividades espaciales y defensa.
Para asegurar el respaldo de bloques aliados, la Casa Rosada aceptó los siguientes cambios al articular de la norma:
- Comisión Bicameral de Seguimiento: Se creará un órgano de control parlamentario -impulsado por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)- para auditar las decisiones del Consejo. El Ejecutivo deberá notificar a la bicameral sus medidas de seguridad en un plazo máximo de 48 horas.
- Resguardo al periodismo: Se modificó el artículo que castiga con penas de 5 a 12 años de prisión a quienes alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública bajo financiamiento extranjero. Atendiendo los reclamos de la Unión Cívica Radical (UCR) y de Unión por la Patria, la redacción final excluyó expresamente al periodismo, la investigación académica, la labor diplomática y la representación abierta de intereses.
- Integración de Seguridad: Se sumó al Ministerio de Seguridad -encabezado por Alejandra Monteoliva- como miembro permanente del Consejo y se especificaron las atribuciones de la Prefectura Naval y del Comando Conjunto Marítimo.
Tiempos acotados y agenda legislativa apretada
A pesar de los retoques concedidos, desde Unión por la Patria y el bloque de Provincias Unidas insisten en dividir la norma en dos proyectos independientes: uno abocado exclusivamente a las disposiciones sobre Malvinas y otro reservado para las reformas del sistema de inteligencia, seguridad interior y desinformación.
A la falta de consensos definitivos se le suma un ajustado calendario parlamentario. El tratamiento de la norma compite de manera directa con las prioridades del Gobierno, centradas en la aprobación del Presupuesto 2027 y las reformas a la Carta Orgánica del Banco Central.
Asimismo, la visita programada del Papa y los feriados fijados por tal motivo para los días 9, 10 y 11 de noviembre complicarán el cronograma de sesiones.
A su vez, el viaje de una delegación de diputados de La Libertad Avanza hacia Estados Unidos para presenciar las elecciones de medio término del próximo martes 3 de noviembre añade un nuevo factor de demora para la sanción definitiva de la ley.
Cronica.com
