El mapa sindical de Jorge Macri: quiénes dialogan y quiénes confrontan con la Ciudad

Entre acuerdos históricos, negociaciones salariales y conflictos abiertos, el jefe de Gobierno sostiene vínculos dispares con los sindicatos mientras endurece su discurso y sus políticas frente a la protesta.

La relación de Jorge Macri con los sindicatos porteños combina acuerdos políticos de larga data, negociaciones institucionales y enfrentamientos que escalan en sectores estratégicos como el transporte, la recolección de residuos y la educación. En un escenario de derechización de la gestión, con el objetivo de disputar espacio electoral frente al avance libertario de Javier Milei, el jefe de Gobierno conserva interlocutores gremiales con los que busca mantener la gobernabilidad, mientras otros sectores sostienen una oposición más confrontativa.

El mapa sindical porteño tiene dialoguistas y no dialoguistas. Mientras algunos gremios sostienen acuerdos históricos con el Gobierno de la Ciudad, como SUTECBA, de Amadeo Genta, que mantiene un vínculo de larga data con el macrismo, otros protagonizan conflictos abiertos con la gestión de Jorge Macri. En medio del giro hacia posiciones más duras del jefe de Gobierno, esos entendimientos funcionan como una garantía de estabilidad.

Los dialoguistas: acuerdos políticos y negociación institucional

Dante Camaño, referente del gremio gastronómico porteño y dirigente identificado históricamente con el PRO, forma parte de ese universo de relaciones sindicales que trascienden las diferencias circunstanciales. Su trayectoria política estuvo, y está, vinculada al macrismo. Su perfil lo ubica entre los dirigentes con afinidad política con el espacio que gobierna la Ciudad.

Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y uno de los principales referentes del peronismo porteño, representa otro tipo de interlocución. Su construcción de poder combina representación sindical, estructura partidaria y presencia en distintos ámbitos de la política de la Ciudad. Esa gravitación le permite sostener canales de negociación con gobiernos de distinto signo y participar de los acuerdos que ordenan la convivencia política porteña.

Uno de los ejemplos recientes de esa articulación aparece en la puesta en marcha del fuero laboral de la Ciudad. La designación de sus primeros magistrados y funcionarios dejó expuestas distintas terminales políticas, sindicales y profesionales. Entre ellas, el entramado vinculado a Santa María, a través de la trayectoria de Silvia Inés Gutiérrez Garay, abogada laboralista que representó a organizaciones sindicales, incluido el SUTERH, y fue elegida camarista.

Amadeo Genta, histórico secretario general de SUTECBA, es otra pieza central del esquema sindical de la Ciudad. La relación entre el sindicato de los municipales y el macrismo se apoya en una extensa trayectoria de negociación con las distintas administraciones porteñas. En ese vínculo, los acuerdos salariales y laborales permitieron sostener una convivencia prolongada, incluso en períodos de ajuste y cambios en las modalidades de contratación del Estado local, con avance del monotributismo ante la pasividad de Genta.

Esa relación también tiene una dimensión política. La presencia de dirigentes y referentes vinculados al sindicalismo municipal en el entramado institucional porteño contribuye a explicar la persistencia de canales de diálogo entre el gremio y el Ejecutivo. En el nuevo fuero laboral, Letra P identificó una terminal vinculada a SUTECBA a través de Alejandro Amor, dirigente sindical y referente del peronismo porteño. Mariana Paula Mansilla, exasesora de Amor, fue elegida fiscal de primera instancia.

En el sector de la salud, Carlos Rojo, referente de la Asociación de Médicos Municipales, mantiene un vínculo con el Gobierno porteño, a través de un componente institucional y estratégico: la atención médica en los hospitales públicos es una actividad de extrema sensibilidad social, en la que la negociación resulta fundamental para abordar las condiciones de trabajo y preservar el funcionamiento de los servicios.

Los no dialoguistas: el subte y la basura, en el centro de la disputa

En la vereda opuesta aparecen los sindicatos que mantienen conflictos abiertos con la gestión porteña. Dos de los casos más visibles son el Sindicato de Camioneros, con Pablo Moyano como uno de sus principales referentes, y la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), conducida por Néstor Segovia.

Pablo Moyano y la disputa por la recolección de residuos. La relación entre Camioneros y Jorge Macri atraviesa una nueva etapa de tensión por el futuro del servicio de higiene urbana. El conflicto se profundizó a partir de la renovación de las concesiones que regirán entre 2028 y 2038 y de la decisión del Gobierno porteño de no incorporar en los nuevos pliegos las indemnizaciones que reclama el gremio para los recolectores y barrenderos cuando finalicen los contratos.

El sindicato sostiene que ese mecanismo constituye un derecho adquirido y reclama garantías para alrededor de 6.000 trabajadores. El monto estimado de las indemnizaciones ronda los 200 millones de dólares. A comienzos de octubre, Moyano encabezó una movilización y advirtió sobre la posibilidad de impulsar medidas de fuerza si la Ciudad no modificaba su posición.

Néstor Segovia y el conflicto del subte. La tensión con los metrodelegados tuvo un nuevo capítulo días atrás, cuando una protesta en la línea B derivó en la detención de dirigentes sindicales, entre ellos Segovia. La medida de fuerza se originó en el reclamo por la sanción aplicada a un trabajador y escaló después de que interviniera la Policía de la Ciudad.

La detención de Segovia y de los dirigentes Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara desencadenó un paro total del subte durante varias horas. Segovia fue liberado ese mismo día, al igual que los otros dos representantes gremiales, y el episodio abrió una nueva controversia judicial y política.

Docentes: negociación salarial, diferencias sindicales y conflictos de fondo

La educación es otro de los sectores en los que la gestión porteña busca sostener un esquema de negociación, aunque las diferencias sobre las políticas educativas y las condiciones de trabajo siguen abiertas.

La mesa salarial docente reúne a más de 15 organizaciones sindicales y funciona como un ámbito de interlocución con el Ministerio de Educación. En octubre, el Gobierno porteño presentó una propuesta de aumento del 5% para noviembre, calculada sobre los salarios de septiembre, que la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) consideró insuficiente y anunció que pondría a consideración de sus cuerpos orgánicos.

Pero durante el año, la gestión Macri llevó adelante fuertes embates con los trabajadores de la educación. Primero, avanzó en cambios unilaterales en la reglamentación del Estatuto, y en septiembre, el Gobierno también quedó en el centro de la controversia por las instrucciones dirigidas a las escuelas para actuar ante posibles delitos y situaciones de riesgo, una medida que los gremios criticaron por considerar que trasladaba una lógica policial al ámbito educativo. Pero sin reacciones de protesta.

Pese al avance contra los docentes, UTE, mayoritario en la Ciudad y nucleado en CTERA, mantuvo durante el año una estrategia centrada en la negociación institucional y no protagonizó medidas de fuerza en el sector.

El contraste más marcado aparece con Ademys, organización de perfil combativo y vinculada a sectores de izquierda, que mantiene una posición más confrontativa frente a la gestión porteña. Sus diferencias abarcan las políticas educativas, las condiciones laborales y programas como BA Aprende.

El Gobierno endurece su posición frente a las protestas

Mientras sostiene canales de negociación con distintos sectores, Jorge Macri avanzó con medidas para limitar el impacto de las huelgas en servicios considerados esenciales. En junio, el Gobierno porteño estableció, mediante un decreto, niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza en subtes, colectivos y recolección de residuos.

En educación, salud, transporte y servicios urbanos, la gestión combina así dos movimientos: conserva ámbitos de diálogo para negociar salarios, condiciones laborales y cuestiones operativas, pero endurece su respuesta frente a medidas de fuerza que afectan la prestación de servicios.

En buena parte de estos vínculos, la interlocución cotidiana con los sindicatos pasa por la estructura laboral del Gobierno porteño. En ese esquema aparece Alicia Vázquez Gerpe, directora general de Asuntos Gremiales y Cámaras Empresariales, dentro de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Bueno.

Los acercamientos institucionales abarcan cuestiones vinculadas con las condiciones de trabajo, la capacitación profesional y acciones orientadas a promover el diálogo social tripartito entre el Estado, las organizaciones sindicales y los empleadores.

La continuidad de esos vínculos es relevante en una Ciudad donde el Gobierno impulsa medidas de endurecimiento frente a las protestas y busca posicionarse frente al avance libertario. Los acuerdos con sectores del sindicalismo contribuyen a sostener canales de gobernabilidad; los conflictos con Camioneros, los metrodelegados y sectores docentes, en cambio, exponen los límites de esa estrategia.

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