La Libertad Avanza presentó un proyecto para prohibir celulares en las cárceles y que los presos paguen sus gastos
La iniciativa busca impedir delitos desde las cárceles, imponer uniformes y cobrar parte de los gastos a los condenados.
La Libertad Avanza (LLA) presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para reformar el régimen penitenciario argentino con tres medidas centrales: reforzar la prohibición de teléfonos celulares, establecer uniformes obligatorios según la peligrosidad de los internos y exigir que los condenados contribuyan económicamente a los gastos de su estadía en prisión.
La iniciativa, registrada bajo el expediente 5365-D-2026, propone modificar la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y el Código Penal. Además, busca promover el trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios y fortalecer los mecanismos de seguridad.
El fin de los celulares y del “call center tumbero”
“Se terminó eso de delinquir desde una celda“, expresaron desde el espacio del presidente al presentar una de las principales medidas de su proyecto, orientada a impedir que los delincuentes continúen organizando actividades criminales desde las cárceles.
La reforma contempla la instalación de inhibidores de señal para bloquear la telefonía móvil, junto con mayores controles sobre las comunicaciones y el retiro de los dispositivos no autorizados que ingresen a los establecimientos.
Aunque la legislación vigente ya prohíbe las comunicaciones mediante celulares, el proyecto apunta a reforzar su cumplimiento mediante herramientas tecnológicas y controles adicionales. Las comunicaciones autorizadas se realizarían mediante teléfonos institucionales, con números previamente habilitados, mientras que las conversaciones con abogados defensores conservarían su confidencialidad.
Los condenados deberán pagar parte de sus gastos en prisión
Otra de las medidas centrales es la creación del Arancel Único Carcelario (AUC), un mecanismo para que los condenados que generen ingresos contribuyan al financiamiento de su mantenimiento dentro de los establecimientos penitenciarios. “Los condenados también tienen que asumir responsabilidades“, sostuvieron desde la bloque liberal.
El arancel contempla aportes para cubrir parcialmente gastos de alimentación, electricidad, gas, agua, asistencia médica y uniformes, mediante descuentos sobre los ingresos obtenidos por el trabajo penitenciario.
La iniciativa también busca ampliar las oportunidades laborales dentro de las cárceles para que los internos puedan generar ingresos y desarrollar hábitos de trabajo. El proyecto establece límites a las deducciones y aclara que la falta de pago no podrá interrumpir el suministro de alimentos, agua potable, atención médica ni elementos de higiene.
Uniformes obligatorios según el grado de peligrosidad
El tercer eje de la reforma establece que todos los internos deberán utilizar uniformes obligatorios y estandarizados, con características que permitan identificar su clasificación penitenciaria.
Las prendas serían de color beige o marrón claro y contarían con franjas verticales para distinguir tres niveles de peligrosidad: una franja para los internos de riesgo bajo, dos para los de riesgo medio y tres para aquellos considerados de alta peligrosidad. Por su parte, quienes estén próximos a recuperar su libertad utilizarían uniformes lisos.
“Más orden y disciplina en las cárceles“, es uno de los sloganes utilizados por el Gobierno para impulsar estas medidas, que buscan facilitar la identificación de los detenidos, mejorar los controles y fortalecer la seguridad penitenciaria. La propuesta deberá ser debatida en el Congreso y actualmente se encuentra girada a las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
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