Diputados reciben a funcionarios de Milei por el presupuesto 2027 para universidades en un marco conflictivo
Tras la marcha al Congreso, el Gobierno reitera que actúa “a derecho” y ratifica la partida de 7,3 billones de pesos frente al reclamo interuniversitario de 11 billones.
La Cámara de Diputados retoma este martes a las 10 el debate sobre el presupuesto 2027 para universidades, en un clima de alta efervescencia política con el sistema educativo nacional. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, se presentan para argumentar la proyección de fondos y el plan de gestión libertaria.
La participación de los funcionarios en la comisión de Presupuesto y Hacienda se desarrolla en el centro de la disputa que mantiene el espacio oficialista con la comunidad académica por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.
El trasfondo está marcado además por la multitudinaria movilización concretada la semana pasada frente al Palacio Legislativo, la cual derivó en serios enfrentamientos entre efectivos de las fuerzas federales y manifestantes.
En ese escenario, Torrendell y Álvarez llevan adelante una férrea defensa de la política oficial orientada a la educación superior, remarcando ante el plenario de la comisión que la Casa Rosada procede estrictamente a derecho y en cumplimiento de las leyes de Ejecución Presupuestaria y de Administración Financiera.
La brecha financiera y el marco normativo del Ejecutivo
El nudo central del contrapunto radica en la asignación presupuestaria estipulada para las casas de altos estudios. Mientras que el proyecto oficial del Poder Ejecutivo destina 7,3 billones de pesos para las Universidades Nacionales -cifra que cubre un 25,4% de la pretensión de la contraparte-, el conjunto de las instituciones universitarias demanda una asignación global de $11 billones.
Frente a la aplicación de la ley de financiamiento, Álvarez respaldó la postura oficial a través de una serie de intervenciones públicas donde remarcó que se votó una ley que asigna fondos por fuera de la Ley de Administración Financiera, resultando aplicable el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria.
Dicha norma determina en forma taxativa que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos, quedando suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
En ese marco, Álvarez sostiene que el Poder Ejecutivo cumplió con la norma al promulgar y suspender la ejecución de la ley votada sin fondos asignados, acatando posteriormente la medida cautelar judicial emitida sobre la causa que hoy se encuentra apelada ante la Cámara.
En paralelo, la iniciativa del Presupuesto 2027 incorpora disposiciones estrictas de control institucional. El texto obliga a las Universidades Nacionales a presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información requerida para asignar, ejecutar y evaluar la totalidad de los recursos transferidos, facultando al Estado a interrumpir de forma preventiva los giros de fondos en caso de incumplimiento.
A su vez, impone que las resoluciones presupuestarias aprobadas, la ejecución contable y la cuenta de inversión desglosen la clasificación funcional en educación, cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación.
En materia salarial, determina que las pautas de aumento para 2027 se aplicarán de forma exclusiva sobre las plantas de personal docente y no docente vigentes al proceso de liquidación de noviembre de 2026, salvo incrementos de estructura aprobados por la cartera de Capital Humano.
El esquema global para Educación: recortes y foco en alfabetización
El cálculo global estipulado para la función educación en 2027 asciende a 9,8 billones de pesos, esquema presupuestario que contempla ajustes de recursos en programas como las becas Progresar, la asistencia alimentaria a comedores escolares, la infraestructura edilicia, la formación docente y los planes de Educación Sexual Integral (ESI).
En contraposición, el presupuesto diseñado por el Ministerio de Capital Humano dispone una concentración prioritaria de fondos en el Plan Nacional de Alfabetización, programa que registrará un fuerte incremento al recibir una asignación específica de 773.000 millones de pesos.
Por último, el proyecto ratifica la continuidad del reparto automático de recursos educativos dirigidos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios para la cobertura estricta de las funciones educativas locales.
Cronica.com
