El Gobierno busca desvincular 20.000 empleados públicos más a través de retiros voluntarios
El Gobierno oficializó un régimen de retiro voluntario para trabajadores de la Administración Pública Nacional. La medida busca reducir el gasto estatal y establece restricciones para quienes decidan cobrar la compensación.
El Gobierno de Javier Milei oficializó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional, una medida que apunta a reducir la estructura estatal y generar ahorros en el gasto público. Según informó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, alrededor de 20.000 trabajadores estarán en condiciones de adherirse voluntariamente al programa.
La iniciativa quedó establecida mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial este lunes 19 de octubre, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el propio Sturzenegger.
A través de su cuenta en X, el ministro explicó que el régimen forma parte de la estrategia oficial para reducir el gasto del Estado y avanzar con una menor carga impositiva. La propuesta busca que los empleados alcanzados puedan optar por finalizar su vínculo laboral con la administración pública a cambio de una compensación económica.
“Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos”, sostuvo Sturzenegger al presentar la medida, en línea con el objetivo del Ejecutivo de reorganizar las estructuras estatales y optimizar el uso de los recursos públicos.
Qué establece el nuevo régimen de retiro voluntario
El programa está destinado al personal de planta permanente de la Administración Pública Nacional centralizada comprendido en la Ley 25.164 y a trabajadores con contratos por tiempo indeterminado alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo.
La adhesión es voluntaria y contempla una compensación económica para quienes decidan dejar sus puestos bajo las condiciones previstas por la normativa. El esquema apunta a adecuar la dotación de personal a las necesidades de los organismos nacionales y contempla la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes a quienes se incorporen al régimen.
De esta manera, el Ejecutivo busca que la reducción de personal se traduzca en una reorganización de las estructuras administrativas, en lugar de mantener presupuestados puestos que queden vacantes tras las desvinculaciones.
La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la implementación del programa, además de la posibilidad de prorrogar el plazo de adhesión una única vez por hasta 30 días corridos.
La condición para evitar una puerta giratoria en el Estado
Uno de los puntos centrales del anuncio es la restricción para quienes decidan acogerse al retiro voluntario. Sturzenegger advirtió que el objetivo es impedir que los trabajadores reciban la compensación económica y luego regresen a ocupar otro puesto dentro de la administración pública.
“Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente)”, explicó el ministro en su publicación.
La condición busca evitar que el programa se convierta en un mecanismo de salida temporal financiado con recursos públicos, seguido por una nueva incorporación al Estado. De acuerdo con lo señalado por el funcionario, el cobro de la compensación estará sujeto a las restricciones previstas para quienes pretendan volver a trabajar en la administración pública.
La reducción del Estado como eje de la gestión de Milei
El nuevo régimen se inscribe en la política de reorganización estatal impulsada por la administración libertaria, que plantea reducir estructuras, revisar la cantidad de empleados públicos y mejorar la asignación de los recursos presupuestarios.
Con la oficialización del programa, el Gobierno suma una herramienta de desvinculación voluntaria para avanzar en ese objetivo sin establecer una salida obligatoria para todos los trabajadores alcanzados. La cantidad de adhesiones que finalmente se concrete determinará el alcance efectivo de la reducción de personal y el ahorro que pueda generar la medida.
El Ejecutivo sostiene que la contención del gasto público constituye una condición para sostener su estrategia fiscal y avanzar con nuevas reducciones impositivas. En ese marco, el régimen de retiro voluntario abre una nueva instancia dentro de la reforma del Estado, con cerca de 20.000 empleados potencialmente elegibles y condiciones específicas para quienes opten por abandonar la administración pública.
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