El Gobierno evalúa reflotar la Ley de Tierras en el Congreso para proteger el DNU 70 que la oposición quiere rechazar

Los bloques opositores comenzaron a articular una estrategia para desestimar definitivamente el decreto que quita las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. El oficialismo busca incorporar esa normativa a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que vino del Senado y abrir la negociación con los aliados. Los primeros movimientos clave

La agenda legislativa que planeaba el oficialismo de La Libertad Avanza deberá pasar por un rediseño inesperado. La Corte Suprema revocó ayer un fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras, dejando nuevamente operativo el artículo 154 del DNU 70/2023 de Javier Milei, que eliminó las restricciones para la adquisición de terrenos rurales por parte de extranjeros. Ante ese revés, la oposición en la Cámara de Diputados planea responder con el volteo definitivo de ese decreto, que tiene más de 300 artículos y que configura la base de la desregulación económica que implementa la administración de Javier Milei.

Se trata de un cisne negro para los estrategas políticos libertarios, que ayer se reunieron en el marco de la Mesa Política y hablaron sobre proyectos propios que deben ser negociados por estas semanas. Ninguno de ellos conocía la sentencia que iba a publicarse horas más tarde. Hasta entonces solo se había puesto en conversación la hoja de ruta de proyectos como la reforma electoral, el proyecto de Ley por Malvinas y el Presupuesto 2027.

Estos dos últimos están en la Cámara de Diputados, donde también descansa el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Al ser tratado el mes pasado, el oficialismo solo pudo asegurar la media sanción en el Senado resignando los capítulos que modifican la Ley de Manejo del Fuego y el que habilitaba la venta de tierras a ciudadanos y empresas extranjeras. Aunque parezca contradictorio, en el Gobierno piensan en volver a poner en discusión este último tema como forma de salvar el DNU 70/23.

La Corte Suprema volvió a poner en vigencia la derogación de la Ley de Tierras, que había sido objeto de debate nacional a comienzos de agosto y que le había producido un fuerte dolor de cabeza al oficialismo producto del rechazo que generó la medida en el debate público. Ante la judicialización que tenía el artículo 154 del DNU desde 2024, el ministro Federico Sturzenegger le había propuesto al Presidente que la reforma pasara por la vía legislativa. El oficialismo había conseguido apoyos para una eliminación casi total de las restricciones, luego debió reducirla al 20% del territorio rural y luego al 15%, para después desistir de cualquier tipo de iniciativa.

La reacción del arco opositor al fallo del Máximo Tribunal no tardó en llegar. Líderes de bancadas de la oposición coincidieron en impulsar una estrategia para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Los decretos de este estilo deben ser tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y, si continúa el trámite, ser rechazados por mayoría simple en ambas cámaras. Si bien se consiguió votar en ese sentido en el Senado, la oposición no había conseguido las adhesiones suficientes en Diputados.

La estrategia del Gobierno

Si la presión social fue suficiente para hacer torcer los votos de senadores aliados al Gobierno cuando se trató la Ley de Inviolabilidad, los riesgos del oficialismo por el DNU 70/23 pueden ser concretos. Así lo razonan altísimas fuentes del Gobierno contactadas por Infobae. Hay quienes miran lo que sucedió hacia finales de agosto, cuando la oposición logró reunir 133 votos para impulsar proyectos vinculados al desendeudamiento y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

Aunque todavía no se trata de una estrategia plasmada y formalizada al resto de los pares de la mesa política, Infobae pudo saber de fuentes inobjetables que se está evaluando incorporar la Ley de Tierras en las comisiones de Diputados a las que les fue girado el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El objetivo es separar los esfuerzos opositores y dispersar la atención del DNU 70/23, que Milei considera indispensable por la desregulación que contiene en sus 366 artículos, que abarcan tanto el comercio como los servicios, la industria, el mercado financiero y hasta aspectos tales como la derogación de la Ley de Alquileres.

“Creemos que deberíamos abrir la negociación con los aliados sobre ese proyecto. Hay que resolver la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya está en Diputados”, indicó una fuente libertaria en estricta reserva. Quienes postulan esa estrategia creen que primero se debe ordenar y despejar la discusión sobre ese proyecto y después de que el DNU 70 “quede solo” para ser tratado por la oposición que pretende voltearlo.

El fallo de la Corte Suprema se publicó casi dos meses después de haber sido removido el apartado de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El timing genera suspicacias. Fuentes judiciales alegan que “el rechazo de la demanda por falta de legitimación no implica abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo”, e incluso envían un mensaje directo hacia el oficialismo y la oposición parlamentaria: “el fallo tampoco interfiere en el control que tiene que ejercer el Congreso sobre el DNU”. También agregan: “Si se iniciase otra causa, donde se compruebe una afectación a un derecho, podría volver a frenarse cautelarmente el DNU”.

El oficialismo corre el riesgo de que el artículo 154 vuelva a judicializarse por tiempo indefinido y que la oposición no tenga incentivos de aceptar una incorporación de las desregulaciones en las compras de tierras por parte de extranjeros. Aun así, en el Gobierno creen que los aliados podrían verse incentivados a que se oficialice un límite del 15% a que esté vigente la derogación total de la Ley de Tierras.

Los sondeos y el trade-off que esboza el bloque de La Libertad Avanza son preliminares, pero el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se encuentra en contacto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que está llegando a París, Francia, para participar del Argentina Week al que asistirán 13 gobernadores, en su mayoría aliados. Al menos la mitad de ellos tienen diputados que les responden de manera directa y que serán clave para definir la suerte o no del DNU libertario.

Infobae.com