El Gobierno creó programas contra los ciberdelitos y para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil
El Ministerio de Justicia formalizó la puesta en marcha de los esquemas para asistir a víctimas e investigar delitos cometidos en entornos digitales.
El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó la creación de dos programas destinados a combatir la ciberdelincuencia y a coordinar la política criminal en materia de régimen penal juvenil.
Las medidas quedaron formalizadas mediante las Resoluciones 483/2026 y 484/2026, firmadas por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicadas en el Boletín Oficial este viernes.
En primer lugar, mediante la primera resolución mencionada, la cartera estableció el Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital (PRONACIB).
La iniciativa funcionará bajo la órbita de la Subsecretaría de Política Criminal y tendrá como coordinador ad honorem a Mariano Tomás Rivas, “quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos”, según precisa el texto oficial.
Entre los principales ejes del programa se destacan la preservación y el análisis de prueba digital, la ciberseguridad en investigaciones penales, los activos virtuales y la evaluación del impacto tecnológico.
Sobre este punto, el documento advierte que “el vertiginoso desarrollo de la inteligencia artificial y de otras tecnologías emergentes plantea nuevos desafíos para la política criminal, tanto por su posible utilización para cometer, facilitar, automatizar u ocultar delitos como por su creciente aplicación en la investigación penal”.
El PRONACIB podrá constituir mesas de trabajo con organismos públicos, fueros judiciales, fuerzas de seguridad y entidades privadas.
Además, la normativa exige adecuar el tratamiento de datos a la Ley 25.326 y fomentar la vinculación entre la Unidad 24/7 de Delitos Informáticos y Evidencia Digital con Cancillería, a fin de aplicar los mecanismos de cooperación del Convenio de Budapest.
Con esta medida, se derogaron las resoluciones previas de 2016 y 2024 vinculadas a la criminalidad informática.
Implementación del Régimen Penal Juvenil
Por su parte, la Resolución 484/2026 dispuso el inicio del Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil, el cual operará bajo la Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal para aplicar la Ley 27.801, que reformó la responsabilidad penal adolescente.
El texto precisa que “el Programa de Implementación del Régimen Penal Juvenil estará a cargo de un coordinador, a quien le corresponderá la conducción y supervisión de las acciones y líneas de trabajo ejecutadas en su marco“. Dicha tarea estará a cargo de Débora Eliana Di Girolamo de forma no remunerada.
Entre las funciones asignadas a la coordinación se encuentran la articulación del sistema penal en los fueros nacional, ordinario y federal; la capacitación de los operadores judiciales; la confección de estadísticas y el trabajo coordinado con las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y otras áreas del Poder Ejecutivo.
A su vez, el programa administrará el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil, norma para la cual se aprobaron un reglamento y un Manual del Supervisor Juvenil destinados a guiar a los profesionales encargados del seguimiento de las medidas judiciales.
El esquema suma un área de asistencia integral a víctimas de delitos cometidos por adolescentes junto a la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, prevé el respaldo al Comité Interministerial y a la Mesa Federal, y contempla mecanismos de evaluación de reincidencia bajo protocolos de reserva en el Registro Nacional de Reincidencia.
Cronica.com
