Un juez le escribió una carta a una nena abusada por el tío y explicó por qué no va a la cárcel: “No es porque no te haya creído”
El magistrado impuso tres años de prisión en suspenso al agresor y redactó un escrito en lenguaje claro dirigido a la víctima de 10 años.
En una resolución inédita por su enfoque humano y pedagógico, un juez penal de la localidad de Lago Puelo, en la provincia de Chubut, decidió redactar un fallo en lenguaje claro y adjuntar una carta personalizada dirigida a una niña que sufrió abuso sexual a los 8 años por parte de su tío, quien tenía la guarda de la menor.
El magistrado Carlos Richeri dictó la sentencia en el marco de una causa por abuso sexual simple agravado por la guarda.
Tras la evaluación de los elementos probatorios presentados durante el debate, declaró al acusado penalmente responsable y le impuso una condena de tres años de prisión en suspenso, sujeta al cumplimiento estricto de pautas de conducta por ese mismo período, incluyendo la prohibición absoluta de contacto personal, telefónico, digital o a través de terceros con la víctima.
El derecho a comprender las decisiones judiciales
Más allá de la sanción penal, la particularidad de la resolución radicó en la modalidad de comunicación adoptada por el magistrado. Richeri fundamentó que una sentencia judicial debe ser accesible para cualquier ciudadano y, fundamentalmente, para la persona directamente afectada.
“El derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados comprende también el derecho a comprender lo que se decide sobre aquello que les ocurrió“, explicó el magistrado.
La carta del juez para la nena
Dentro de la propia resolución, el juez Richeri incorporó una misiva redactada en términos sencillos destinada a la niña, que actualmente tiene 10 años. En el escrito, le detalló su rol en el proceso y la forma en que valoró las pruebas presentadas por las partes.
Con palabras adaptadas a la edad de la víctima, le relató que analizó su testimonio, el informe de la psicóloga interviniente, las declaraciones de su madre y de otros familiares, así como el trabajo técnico de la policía.
El juez argumentó que, tras confrontar las versiones, comprobó que el relato de la menor guardaba plena coherencia con la prueba acumulada, mientras que las explicaciones del imputado presentaban severas contradicciones.
“Por eso decidí que pasó lo que vos contaste”, le señaló el magistrado en el escrito.
Responsabilidad del abusador y la explicación sobre la pena en suspenso
Uno de los ejes centrales del texto fue desvincular a la víctima de cualquier sentimiento de culpa por la sanción impuesta a su familiar.
“A tu tío lo condené por lo que él decidió hacer. Es una persona grande, sabía lo que estaba haciendo, y por eso tiene que hacerse cargo”, escribió Richeri.
Asimismo, le remarcó que hablar de lo sucedido fue la conducta correcta y que no tenía ninguna obligación de guardar silencio frente a un hecho que la hizo sentir mal.
Ante la complejidad técnica de explicar por qué el condenado no irá efectivamente a la cárcel, el juez le detalló que la legislación contempla la prisión en suspenso cuando el imputado no registra antecedentes penales previos y se le aplica la pena mínima del escala penal, siempre sujeta a reglas de conducta.
“Tu tío no va a ir a la cárcel, y no es porque no te haya creído”, aclaró el juez.
Richeri le advirtió a la menor que, si el condenado viola las pautas fijadas durante los tres años, la pena se convertirá en prisión efectiva.
“Ya no tenés que hacer nada más”
En el tramo final de la carta, el magistrado buscó dar por liberada a la víctima de las cargas del proceso judicial para que pueda continuar con su vida cotidiana.“Ya no tenés que hacer nada más sobre esto”, le escribió Richeri.
A su vez, le indicó que, ante cualquier duda o consulta futura, podrá canalizarla mediante su madre o a través del personal del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.
El magistrado concluyó que la utilización del lenguaje claro no solo garantiza el acceso efectivo a la Justicia, sino que ayuda a consolidar la confianza social en las instituciones judicializadas, asegurando que la víctima comprenda el alcance de la reparación brindada por el Estado.
Cronica.com
