La Armada apartó de funciones a los implicados en la trama de corrupción por sobresueldos
Tras el escándolo, las autoridades de Defensa ordenaron separar a los involucrados en un complejo entremado de más de 600 transferencias por unos $1.000 millones. El Consejo de Disciplina ya tiene el caso en su poder.
El Jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, dispuso separar de sus funciones a los involucrados en la investigación interna que detectó una matriz de corrupción en la liquidación de haberes. Se trata del capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, ocho capitanes de corbeta y un suboficial.
El origen de la investigación
El primer paso del sumario se dio en febrero de 2026, cuando durante la revisión de los haberes correspondientes a enero se detectó que cinco agentes pertenecientes al Departamento Revista habían percibido suplementos que, según la revisión, no les correspondían.
A partir de ese episodio se incrementaron los controles y se decidió revisar períodos anteriores. Esa tarea permitió detectar diferencias entre los haberes efectivamente liquidados y los lotes de pago confeccionados para ser enviados al Banco de la Nación Argentina, un hecho que fue revelado por Ámbito.
El relevamiento identificó 23 beneficiarios y 645 acreditaciones por un total histórico de $981.148.567,88.
La gravedad de los hechos comprobados en el sumario, posible delito, motivaron la radicación de una denuncia que planteó la Armada en el juzgado federal N°2 de Sebastián Ramos este miércoles tal como publicó Ámbito.
El Consejo de Disciplina
En paralelo, la instrucción militar continúa ahora con la integración de un Consejo de Disciplina, un órgano administrativo de carácter colegiado encargado de juzgar las faltas gravísimas cometidas por los miembros del personal militar. Su función es evaluar la conducta ética, profesional y el quiebre de la cadena de mando para determinar sanciones internas, que pueden ir desde arrestos rigurosos hasta la destitución definitiva.
El órgano administrativo-militar garantiza el derecho de defensa de los sumariados que designan su letrado defensor frente a las acusaciones por faltas disciplinarias.
Se integra con tres miembros titulares: presidente -el jefe de estado mayor de la Armada- y dos vocales que le sucedan inmediatamente en grado o antigüedad. Además de un secretario del tribunal que es un oficial de la Dirección de Personal del Estado Mayor de la Armada.
El caso bajo investigación ya contendría suficiente mérito para calificar conductas de faltas graves y gravísimas con el resultado final de la destitución.
El ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, en declaraciones públicas buscó desvincular la actuación individual de los sumariados de la responsabilidad general de la Institución. “Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco, veinte delincuentes”, afirmó.
Después mencionó la orden dada al almirante Romay: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que, con un Consejo de Disciplina, desde el punto de vista militar, pasen ya a ser destituidos”.
El caso notorio dentro del expediente de la denuncia ante la justicia federal es el de María del Carmen Prieto. La denuncia que planteó la fuerza ante el juzgado federal indica que Prieto fue la persona que recibió el mayor importe individual entre los 23 beneficiarios identificados y que es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff. Prieto habría recibido 46 acreditaciones por $152.259.495,86
Ese vínculo familiar aparece como uno de los elementos que, de acuerdo con la propia presentación, permitió establecer posteriormente una conexión objetiva entre quien estaba a cargo del área y una de las principales beneficiarias de las operaciones investigadas.
En la investigación interna del Legajo Disciplinario al ser consultado por las acreditaciones realizadas a personas ajenas a la Armada, Atanasoff reconoció conocer esas operaciones y manifestó que las acreditaciones se realizaban manualmente.
La Justicia deberá determinar responsabilidades
La investigación federal deberá establecer si las modificaciones de archivos, las acreditaciones, los beneficiarios y las decisiones atribuidas a determinados funcionarios configuran delitos y, en ese caso, quiénes resultan responsables.
El escrito presentado por la Armada aportó como prueba los informes producidos por la Jefatura de Administración Financiera, el relevamiento de liquidaciones y acreditaciones, las actas vinculadas con los equipos informáticos, los detalles de las novedades detectadas y la documentación remitida por el Banco Nación.
También se acompañó el informe final elaborado por el oficial investigador designado en las actuaciones administrativas, junto con las declaraciones recibidas y la restante documentación incorporada al expediente.
La Armada dejó además a disposición de la autoridad judicial documentación, registros, archivos y soportes informáticos que pudieran resultar de interés para el esclarecimiento de los hechos.
Ambito.com
