El Gobierno promulgó las leyes que amplían las cámaras federales de Tucumán y Mar del Plata
Las leyes 27.821 y 27.822, publicadas en el Boletín Oficial, disponen la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de un nuevo cargo de juez y la conformación de dos salas, y crean una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata para aliviar la carga de trabajo judicial.
El Poder Ejecutivo promulgó las leyes 27.821 y 27.822, sancionadas por el Congreso el pasado 26 de agosto, mediante las cuales se introducen cambios en la estructura de las cámaras federales de apelaciones de Tucumán y Mar del Plata con el objetivo de mejorar el funcionamiento del servicio de justicia.
Por un lado, la Ley 27.821 organiza en dos salas permanentes a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán y crea un nuevo cargo de juez de Cámara, elevando la integración del tribunal de cinco a seis miembros. La incorporación efectiva del nuevo magistrado quedará supeditada a la existencia de la correspondiente partida presupuestaria en el Poder Judicial.
La norma establece además que, hasta que se cubra el nuevo cargo, ambas salas funcionarán con dos jueces cada una y compartirán la presidencia de un magistrado de Cámara que intervendrá indistintamente cuando sea necesario alcanzar una mayoría para resolver un caso.
Durante el tratamiento del proyecto en Diputados, la tucumana Gladys Medina defendió la iniciativa señalando que la estructura del tribunal permanecía prácticamente inalterada desde 1990, pese al fuerte crecimiento de expedientes registrados en las últimas décadas.
Según detalló la legisladora, en 2012 la Cámara Federal recibió 957 causas, mientras que en 2015, tras el traspaso de expedientes previsionales dispuesto por la Corte Suprema, esa cifra se elevó a 3.062. “Desde entonces el ingreso de causas no cesó de crecer. Por eso es importante la división en dos salas y la creación de un cargo de juez para atender los miles de expedientes que se presentan”, sostuvo.
El proyecto obtuvo 205 votos afirmativos en la Cámara baja y dispone también que el tribunal deberá dictar, dentro de los 90 días posteriores a la sanción de la ley, un reglamento propio de funcionamiento y subrogancias para los casos de licencias, vacancias, recusaciones o excusaciones de sus integrantes.
En paralelo, la Ley 27.822 crea una segunda sala en la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, que será identificada como Sala II y contará con tres secretarías de Cámara para atender los asuntos comprendidos dentro de su jurisdicción.
La norma también crea los cargos de jueces, secretarios, funcionarios y personal administrativo y de servicio necesarios para su funcionamiento, aunque establece que su implementación efectiva dependerá de la disponibilidad del crédito presupuestario correspondiente.
La iniciativa había sido impulsada en el Senado por el radical Maximiliano Abad. Durante el debate en Diputados, Karina Banfi recordó que la necesidad de crear una nueva sala en Mar del Plata se discute desde hace décadas y calificó la situación actual como una muestra de “sobrecarga funcional”.
La legisladora remarcó que existen cuatro cámaras federales en la provincia de Buenos Aires: La Plata, Mar del Plata, San Martín y Bahía Blanca. Sin embargo, señaló que la de Mar del Plata es la única que seguía funcionando con una sola sala pese a abarcar cerca del 40% del territorio bonaerense.
A su vez, el diputado libertario Alejandro Carrancio aportó cifras sobre la actividad del tribunal marplatense. Según indicó, la cámara tramita cerca de 9.000 causas por año y durante el año pasado dictó 11.535 resoluciones. También destacó que actualmente funciona con una sola sala integrada por dos jueces, por lo que consideró necesaria la ampliación de su estructura.
El proyecto fue aprobado por 210 votos afirmativos y quedó convertido en ley. Con la promulgación de ambas normas, el Gobierno formalizó una serie de modificaciones orientadas a fortalecer la capacidad operativa de dos de los principales tribunales federales del interior del país y atender el crecimiento sostenido de la litigiosidad en sus respectivas jurisdicciones.
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