Extranjerización de las tierras, el gobierno encontró un atajo para entregar tierras.

A través del Decreto 366/2025 y el subsiguiente Decreto 524/2025, el Gobierno Nacional modificó la histórica Ley de Ciudadanía N° 346. Con este cambio, se incorporó la figura legal que permite a los extranjeros solicitar la ciudadanía argentina por naturalización sin importar el tiempo de residencia previa, siempre y cuando realicen una “inversión relevante” en el país.

El funcionamiento del sistema se estructura bajo los siguientes puntos clave:

• Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión: Se creó este organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación para actuar como filtro previo, evaluar los montos y emitir dictámenes técnicos sobre si la inversión es “relevante”.

• Monto estimado de la inversión: Aunque la reglamentación fina delega los umbrales precisos en el Ministerio de Economía, los borradores y estimaciones del sector legal e inmobiliario apuntan a un piso de entre US$ 500.000 y US$ 1.000.000 mediante alternativas como contribuciones al Estado, compra de bonos soberanos o proyectos productivos.

• Criterios de relevancia: No se trata únicamente de “poner dinero”, sino que se evalúan factores como la generación de empleo, la transferencia tecnológica, el impacto regional o la radicación productiva.

• Controles estrictos de seguridad: Para evitar que se use como un blanqueo de antecedentes, la Agencia requiere informes cruzados de la Unidad de Información Financiera (UIF), la SIDE, el Renaper, el Registro de Reincidencia y el Ministerio de Seguridad antes de que la Dirección Nacional de Migraciones otorgue el visto bueno fina

La exención total depende de dos normativas diferentes, aunque convertirse en ciudadano argentino es el “atajo” definitivo para esquivar la Ley de Tierras.

El panorama legal funciona de la siguiente manera:

• El estatus de Ciudadano: La Ley de Tierras N° 26.737 restringe la compra de grandes extensiones rurales exclusivamente a los extranjeros (con límites del 15% del territorio nacional y un tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo). Si una persona obtiene la ciudadanía por naturalización, legalmente pasa a ser argentina, por lo que las restricciones a extranjeros dejan de aplicarle directamente a nivel personal.
• El destino del dinero: El régimen de ciudadanía por inversión exige que los fondos vayan dirigidos a lo que el Ministerio de Economía considere “inversiones relevantes” (como bonos del Estado, infraestructura tecnológica, turismo o energía). La compra pasiva de campos o tierras inmobiliarias no califica por sí sola para obtener el pasaporte. Primero se debe completar la inversión aprobada por el Estado, superar los controles de seguridad y obtener la ciudadanía. Una vez que el individuo ya es ciudadano argentino, puede comprar tierras bajo las mismas leyes que cualquier nativo.
• La reforma paralela de la Ley de Tierras: El gobierno de Javier Milei ha intentado derogar o flexibilizar la Ley de Tierras de forma independiente a la ciudadanía por inversión. Aunque inicialmente se buscó eliminar todos los límites mediante decreto, el Congreso frenó la derogación total. Actualmente se debate un proyecto para elevar el límite de posesión extranjera del 15% al 25%, pero las restricciones generales para los no ciudadanos siguen vigentes.

En definitica el gonierno se las ingenia para ser mas traidores cada día