En medio de la crisis de la OPC, una diputada del Pro propone ampliar sus funciones y cambiar la forma de evaluar proyectos
Daiana Fernández Molero, integrante de la Comisión Bicameral de Control de la Oficina de Presupuesto del Congreso, presentó una iniciativa para modificar la ley que regula el organismo. El proyecto incorpora la denominada “puntuación dinámica”, un sistema que busca medir no sólo el impacto fiscal directo de las leyes, sino también sus efectos sobre el empleo, la inversión y el crecimiento económico.
En plena controversia por la situación institucional de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), tras la renuncia de su presidente y las denuncias opositoras sobre una virtual intervención del organismo, la diputada nacional Daiana Fernández Molero (Pro) presentó un proyecto para modificar la Ley 27.343 que regula el funcionamiento de esa dependencia técnica del Parlamento.
La legisladora, que integra la comisión bicameral encargada del seguimiento de la OPC, propone incorporar una nueva herramienta de análisis denominada “puntuación dinámica”, orientada a complementar las actuales estimaciones de impacto presupuestario que realiza el organismo.
La iniciativa establece que, a pedido de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la OPC deberá elaborar un informe adicional sobre determinados proyectos de ley que incluya no sólo los efectos fiscales directos, sino también el impacto que esas iniciativas podrían generar sobre variables como la producción económica, el empleo, el capital y otros indicadores macroeconómicos.
Según el texto, la oficina debería incorporar en sus análisis los llamados efectos de “segundo orden”, es decir, las consecuencias indirectas que una ley podría producir sobre la economía y que habitualmente no aparecen reflejadas en las evaluaciones presupuestarias tradicionales.
En los fundamentos, Fernández Molero sostiene que actualmente la OPC emplea un enfoque “estático”, centrado en los costos fiscales inmediatos de los proyectos. A su juicio, esa metodología resulta insuficiente porque excluye los efectos indirectos y de largo plazo sobre variables como el crecimiento económico, la productividad, el empleo o la demanda.
La diputada argumenta que la aplicación de la puntuación dinámica permitiría a los legisladores contar con una visión más completa de las consecuencias económicas de las iniciativas que debaten. Entre los antecedentes citados menciona experiencias desarrolladas en Estados Unidos y el Reino Unido, donde organismos especializados incorporan análisis macroeconómicos complementarios en determinadas estimaciones fiscales.
Para respaldar la propuesta, la autora menciona casos en los que, según su interpretación, una evaluación limitada al impacto fiscal directo podría conducir a conclusiones incompletas. Entre ellos cita la derogada Ley de Alquileres y el denominado aporte extraordinario a las grandes fortunas aplicado durante la pandemia, planteando que una evaluación dinámica habría permitido estimar efectos indirectos sobre la oferta, la inversión o la conducta de los contribuyentes.
El proyecto también incorpora nuevas obligaciones para los organismos públicos, que deberán suministrar toda la información requerida por la OPC para la elaboración de estos informes, y crea dentro de la estructura funcional del organismo un área específica dedicada a las estimaciones de puntuación dinámica.
En los fundamentos, Fernández Molero reconoce que este tipo de análisis podría generar mayores tiempos de elaboración y exigir capacitación técnica adicional para el personal de la oficina. Sin embargo, sostiene que los beneficios superan esos costos iniciales porque permitirían mejorar la calidad del debate parlamentario y la transparencia de las estimaciones presupuestarias.
La propuesta se presenta en un momento particularmente sensible para la OPC, organismo creado en 2016 para brindar asistencia técnica a diputados y senadores en materia presupuestaria y fiscal, y cuyo funcionamiento quedó en el centro de la discusión política tras la reciente salida de sus autoridades y las críticas de sectores de la oposición respecto de su situación institucional.
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