El oficialismo convocó a tratar en comisión la prórroga de la emergencia en discapacidad
Convocaron la Comisión de Discapacidad con el objetivo de tratar de adelantársele a la oposición, que buscará forzar el miércoles venidero el tratamiento del tema. La iniciativa busca mantener las herramientas presupuestarias y de asistencia previstas en la norma, y fundamenta la prórroga en las demoras que tuvo su implementación por el veto presidencial.
En el marco de la última sesión de Diputados, la oposición logró asestarle al oficialismo dos módicas derrotas. Fue cuando en el espacio dedicado a los apartamientos de reglamento, dos mociones consiguieron 133 votos. La primera fue para debatir los proyectos de endeudamiento familiar; la segunda a pedido del diputado Juan Marino, fue para tratar una prórroga de la emergencia en discapacidad.
La oposición ya pidió una sesión especial para el 9 de septiembre, a fin de tratar ambos temas, alentada por el número alcanzado en esas votaciones, que ya de por sí alientan a contar con el quórum para arrancar la sesión y después para avanzar al menos hasta sendos emplazamientos a las comisiones.
La reacción del oficialismo fue el viernes convocar a una reunión de la Comisión de Finanzas, este miércoles a las 13.30 para arrancar el debate sobre la emergencia en materia de sobreendeudamiento en el sistema de crédito, con el objetivo de intentar desactivar la sesión del 9 de septiembre.
Con el mismo fin fue convocada este lunes la Comisión de Discapacidad, que preside el diputado libertario Gerardo Huesen, ese mismo día a las 16, para realizar una reunión informativa a la que invitarán a funcionarios de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Cabe consignar que el proyecto en cuestión tiene otros giros: a Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto y Hacienda.
El proyecto impulsado por el propio Juan Marino propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia nacional en discapacidad declarada por la Ley 27.793, que actualmente rige hasta fines de 2026. La iniciativa mantiene todos los efectos de la norma vigente, incluida la posibilidad de realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para sostener prestaciones, servicios de salud, educación, transporte, pensiones y programas de asistencia destinados a las personas con discapacidad. El texto fue acompañado por legisladores de diferentes bloques, entre ellos Natalia de la Sota, Germán Martínez, Nicolás del Caño, Pablo Juliano, Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro y Victoria Tolosa Paz.
En los fundamentos, Marino sostiene que la emergencia tuvo una aplicación efectiva mucho menor a la prevista originalmente debido al veto presidencial, los litigios judiciales posteriores y los obstáculos que, según plantea, demoraron su implementación. Por ese motivo, argumenta que corresponde extender su vigencia para recuperar el tiempo durante el cual la ley no pudo desplegar plenamente sus efectos.
El proyecto también advierte sobre la situación que atraviesan prestadores de servicios, hogares, centros de día, transportistas y profesionales vinculados a la discapacidad, y señala que existen más de 200.000 personas aguardando la resolución de pensiones. Asimismo, cuestiona la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su reemplazo por una Secretaría Nacional de Discapacidad en la órbita del Ministerio de Salud, medida que, según los fundamentos, generó dificultades adicionales para el acceso a trámites y prestaciones.
Entre los argumentos de la iniciativa se destaca además que la continuidad de la emergencia constituye una obligación derivada de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y de otros tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, y que dejar vencer la ley implicaría un retroceso en la protección de derechos ya reconocidos.
Parlamentario.com
