La Cámara de Casación rechazó la denuncia impulsada por el exdiputado radical y descartó cualquier delito.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el sobreseimiento del asesor presidencial Santiago Caputo en la denuncia presentada por el exdiputado radical y kirchnerista Facundo Manes, quien había intentado instalar un supuesto episodio de “violencia política” tras un cruce ocurrido durante la Apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso en marzo de 2025.
La Sala IV del máximo tribunal penal del país rechazó el recurso impulsado por Manes y coincidió en que los hechos denunciados no configuraron ningún delito. Para los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, todo ocurrió en el marco de una discusión política acalorada y no pasó de un intercambio verbal sobredimensionado por un acting del radical.
Borinsky sostuvo que se trató de expresiones realizadas “al calor de un altercado verbal” y producto de “un arrebato de ira, ofuscación o nerviosismo”, descartando así la existencia de amenazas penalmente relevantes. El magistrado aclaró además que el fallo no negaba la percepción subjetiva e imaginativa de Manes, aunque remarcó que eso no alcanzaba para configurar un delito.
Hornos, por su parte, señaló que el episodio debe entenderse dentro de “las controversias propias de la discusión política” y recordó que el Congreso es precisamente un ámbito de confrontación y debate entre sectores enfrentados ideológicamente. Carbajo acompañó también esa postura y votó por rechazar el planteo del exlegislador.
El neurocirujano aseguró que Santiago Caputo lo había intimidado con gestos desde uno de los palcos y luego increpado en los pasillos del Congreso, llegando incluso a denunciar supuestos “golpes cortitos” que, casualmente, jamás quedaron registrados en ninguna cámara.
El relato fue utilizado por dirigentes opositores para intentar instalar una narrativa de persecución política y “violencia institucional” contra el Gobierno de Javier Milei, en momentos donde el oficialismo atravesaba una fuerte disputa parlamentaria con sectores del radicalismo y el kirchnerismo.
Sin embargo, ni la Fiscalía ni la Justicia encontraron elementos mínimos para sostener la acusación. El Ministerio Público Fiscal dictaminó en ambas instancias que no existió delito alguno, criterio que finalmente terminó ratificando Casación.
Con esta decisión judicial, quedó definitivamente cerrada una causa que para muchos nunca fue más que un intento de victimización política y sobreactuación opositora para alimentar discursos sobre una supuesta “deriva autoritaria” del Gobierno y así alimentar las fantasías dictatoriales de la izquierda.
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