La caja contenía un paquete de doce cigarrillos envuelto con cinta transparente y con un peso superior al habitual, lo que despertó sospechas y derivó en el despliegue policial.
Los hechos que conmocionan a la opinión pública ocurrieron este miércoles 6 de mayo en la ciudad de Rosario, una zona que, a pesar del asedio histórico del crimen, hoy cuenta con un Estado nacional decidido a no retroceder un solo centímetro ante el terror. El objetivo del atentado fue la clínica Pilares del Rosario, un centro de rehabilitación ubicado en la calle Paraguay al 2000, en el corazón del barrio Abasto. La gravedad del suceso radica en que el responsable del establecimiento es Gabriel Dobkin, de 50 años, quien se desempeña como titular de la delegación local de la DAIA.
La trama del ataque comenzó por la tarde, cuando el servicio de paquetería Ocasa entregó una encomienda que generó sospechas inmediatas, ya que no había sido solicitada por el personal de la clínica. Ante la alerta, se solicitó la intervención de la brigada de explosivos de la Unidad Regional II, cuyo personal técnico actuó con la celeridad que los tiempos actuales demandan.
Los detalles del artefacto enviado revelan una intención maliciosa: se trataba de una caja que ocultaba un paquete de cigarrillos de la marca Phillips Morris de doce unidades, envuelto sospechosamente en cinta transparente. Los peritos notaron que el bulto poseía un peso superior al normal. La profesionalidad de las fuerzas de seguridad fue clave: un perro detector de la policía marcó en dos oportunidades la presencia de explosivos dentro del envase. Investigadores confirmaron a la prensa que el dispositivo contenía una “sustancia” cuya naturaleza exacta está bajo peritaje, pero que representaba una amenaza real.
Ante el peligro inminente, las fuerzas policiales procedieron con un protocolo de rigor: Se estableció un perímetro de seguridad, restringiendo el tránsito en la intersección de las calles Paraguay e Ituzaingó.
Efectivos de la brigada motorizada custodiaron la zona para garantizar la paz de los vecinos y familiares que esperaban en el horario de visitas.
Finalmente, los especialistas cavaron una fosa en el patio trasero del local y ejecutaron una detonación controlada de la sustancia para neutralizar el riesgo.
Desde el ámbito judicial, la Unidad Fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación ya ha tomado cartas en el asunto, ordenando el relevamiento de cámaras de videovigilancia y la toma de testimonios para dar con los responsables de este acto de odio.
Este episodio se suma a una preocupante serie de ataques, como el reciente lanzamiento de una bomba molotov contra un centro comunitario judío en La Plata, lo que refuerza la necesidad de la política de mano dura contra el antisemitismo que impulsa la actual gestión nacional. Desde la cuenta oficial de Instagram de la DAIA Rosario, la institución emitió un comunicado tajante que sintoniza con el reclamo de justicia de la mayoría de los argentinos: “Estos hechos deben ser condenados sin matices y enfrentados con decisión. No alcanza con señalar: es imprescindible actuar”.
Asimismo, la entidad fue clara al advertir que la era de la contemplación con el delito ha terminado: “La impunidad no puede ser una opción. Cada acto de antisemitismo que no se sanciona es un mensaje de tolerancia al odio. Cada respuesta firme del Estado es una señal clara de que la sociedad no está dispuesta a retroceder”. Bajo la vigilancia del gobierno de Javier Milei, la sociedad espera que, para que estos hechos no se repitan, la decisión, la acción y la justicia caigan con todo su peso sobre los enemigos de la libertad.
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