Es por la causa de la retención indebida de aportes.
La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino y resolvió procesar y embargar al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino por el delito de retención indebida de aportes. La decisión, adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante, marca un punto de inflexión en un expediente que apunta a la cúpula dirigencial del fútbol argentino.
El procesamiento implica que el magistrado consideró que existen elementos suficientes para sostener la sospecha de que los dirigentes habrían participado en una maniobra vinculada a la retención de fondos destinados al fisco. En paralelo, también se dispusieron embargos sobre los bienes de los acusados, en una medida orientada a garantizar eventuales responsabilidades económicas derivadas del proceso judicial.
La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó presuntas irregularidades en el manejo de aportes correspondientes a impuestos y cargas sociales. Según la investigación, la AFA habría retenido sumas vinculadas al IVA, Ganancias y aportes previsionales sin depositarlas en tiempo y forma, en un esquema que abarca el período entre 2024 y 2025.
Amarante embargó los bienes de la AFA por 350 millones de pesos; al hacerla responsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravado reiterado en 34 oportunidades, “en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravado reiterado en 17 oportunidades”, según la resolución de 140 carillas.
El mismo embargo impuso a Tapia y Toviggino. Los procesamientos fueron sin prisión preventiva pero no podrán irse de sus domicilios más de 72 horas sin pedir permiso, tendrán prohibido mudarse sin avisar antes al juzgado y deberán presentarse si son citados. Se mantuvo la prohibición de salida del país. Como hasta ahora tendrán que comunicar al juzgado cada viaje con información detallada para ser autorizados.
Durante las indagatorias, tanto Tapia como Toviggino rechazaron las acusaciones, negaron haber cometido delito y sostuvieron que no existe responsabilidad personal ni institucional. Además, sus defensas argumentaron que las obligaciones cuestionadas no eran exigibles en ese contexto, en función de normativas que -según su interpretación- permitían diferir los pagos.
El fallo del juez Amarante se da luego de que se cerrara la etapa de declaraciones indagatorias y tras evaluar las pruebas reunidas en el expediente. La resolución también alcanza a otros dirigentes imputados en la causa, aunque el foco principal está puesto en la conducción de la AFA.
Con este procesamiento, el expediente ingresa en una nueva etapa judicial que podría derivar en un juicio oral si las decisiones son confirmadas por instancias superiores. Mientras tanto, el caso suma presión sobre la dirigencia del fútbol argentino y abre un frente de alto impacto institucional en una de las organizaciones más influyentes del país.
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