El Gobierno porteño implementó controles de acceso, desalojos y clausuras en la Villa 31 para frenar el crecimiento informal. La medida expone las limitaciones del proceso de urbanización iniciado en 2016 y reabre el debate sobre el ordenamiento del barrio.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo esquema de ordenamiento en la Villa 31, con operativos en accesos, restricciones al ingreso de materiales de construcción y refuerzo de la presencia policial. La medida busca contener el crecimiento urbano informal en uno de los barrios más densamente poblados de la Capital.
El plan, coordinado por la Jefatura de Gabinete porteña junto a las áreas de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat y la Secretaría Legal y Técnica, incluye además la fiscalización de obras, la clausura de corralones ilegales y el desalojo de espacios ocupados sin autorización.
“Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. No hay lugares donde la ley es opcional. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, al anunciar las medidas.
Desde este jueves, varios de los ingresos vehiculares fueron modificados: cinco accesos se transformaron en calles peatonales, tres quedaron bajo vigilancia permanente de la Policía de la Ciudad y otros mantienen controles ya existentes. A esto se suman retenes móviles y operativos rotativos en puntos estratégicos del barrio.
A partir del plan de Control de Accesos, cinco de las 13 entradas por donde ingresaban vehículos se convirtieron en calles peatonales, tres pasarán a tener puestos permanentes de la Policía de la Ciudad, y se suman a otros tres que ya existían; dos calles se convirtieron en contramano, se colocaron bolardos y también habrá controles itinerantes y rotativos de fiscalización para reforzar la seguridad.
Los procedimientos se desplegaron en sectores clave como Colibrí y Ramos Mejía (en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de Retiro), Yaguareté e Islas Galápagos, y Colibrí y Alberto Chejolán, en el límite con el Barrio Saldías.
El endurecimiento de los controles se da en un contexto en el que la urbanización del barrio (impulsada a partir de 2016 bajo la Ley 6.129) no logró frenar el crecimiento sostenido ni ordenar el desarrollo territorial. Según datos oficiales, la Villa 31 ocupa unas 72 hectáreas y alberga a cerca de 45 mil personas.
Jorge Macri destacó el operativo que se realizó días atrás para derribar una casilla en donde se vendían drogas: “Tiramos abajo un búnker y seguimos mejorando la seguridad. Y no podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos. La Ciudad es una sola y eso implica los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones para todos”, aseguró el Jefe de Gobierno.
En paralelo, el Gobierno porteño viene avanzando con intervenciones puntuales: en las últimas semanas se desalojaron estructuras montadas sobre veredas, se removieron instalaciones informales (como un lavadero de autos y una gomería en desuso) y se desarticuló una feria ilegal sobre la calle Perette. También se registraron operativos contra puntos de venta de droga, incluyendo la demolición de una casilla utilizada como búnker.
El primer hito de la actual gestión en la Villa 31 fue la erradicación de la feria ilegal de la calle Perette, donde se vendían cosas robadas. A partir del plan de ordenamiento, hace un mes aumentaron los operativos contra las ocupaciones.
El control sobre los materiales de construcción aparece como uno de los ejes centrales de la nueva etapa. La clausura de corralones informales apunta a limitar la expansión vertical y horizontal del barrio, una práctica extendida en los últimos años mediante la venta de “espacios aéreos” o ampliaciones sin regulación.
En ese contexto, el mercado informal dentro de la Villa 31 continúa en expansión. Alquilar una vivienda puede costar entre $300 mil y $1 millón mensuales, mientras que los locales comerciales alcanzan valores de hasta $1,8 millones. Sin acceso al sistema formal de alquileres, la demanda sostiene un circuito paralelo donde las condiciones edilicias y contractuales quedan fuera de control estatal.
Las nuevas medidas introducen un cambio en la estrategia oficial: de la urbanización progresiva hacia un esquema de mayor regulación y control territorial. El impacto de esta transición, tanto en la dinámica interna del barrio como en el acceso a la vivienda, permanece abierto.
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