Alberto Weretilneck concedió permisos en un glaciar a una empresa israelí para explorar un cateo donde habría metales preciosos.
Un expediente en el catastro de la secretaría de Minería de la provincia de Río Negro, habilitó la exploración en un glaciar ubicado en el Cerro Carreras que habilita a la empresa Tamar Mining SA a explorar y, eventualmente, explotar una zona muy controversial.
En una provincia atravesada por la emergencia hídrica y con ríos en retroceso, el gobierno de Alberto Weretilneck habilitó un permiso de cateo minero en la zona cordillerana donde nacen algunos de los cursos de agua más importantes de la Patagonia. La autorización, registrada bajo el expediente Nro. 50138-2025 -“Cateo Collin”-, quedó en manos de la firma Tamar Mining SA, que proyecta explorar casi 10 mil hectáreas en el área del Alto Río Chubut.
La decisión no fue publicada en el Boletín Oficial entre julio y agosto del año pasado, cuando pidieron el permiso de cateo, ni acompañada de instancias de participación ciudadana. Tampoco se conocen estudios de impacto ambiental difundidos públicamente. El dato no es menor porque el área en cuestión presenta características glaciares y periglaciares, es decir, reservas estratégicas de agua dulce protegidas por legislación nacional, pero con el cambio de la ley, el gobierno de Weretilneck podría habilitarlas.
Un dato que genera interrogantes surge del análisis de los registros catastrales: un pedido de cateo minero vinculado a la empresa Tamar habría sido iniciado en julio, aunque no registra publicación en el Boletín Oficial en los meses posteriores. Recién en enero aparece formalizado en los sistemas consultados pero aún no publicado en el Boletín Oficial, lo que abre dudas sobre el cumplimiento de los mecanismos de publicidad de los actos administrativos y la transparencia del proceso.
Emergencia hídrica por decreto, minería por resolución
El 20 de enero de 2026, Weretilneck firmó el decreto 40/2026 declarando la emergencia hídrica en gran parte del territorio provincial. El texto es contundente: establece que el uso del agua debe ser “prioritario y excluyente” para consumo humano, salud pública, saneamiento, seguridad y control de incendios.
Sin embargo, en simultáneo, la secretaría de Minería avanzó con una autorización para una actividad que, por definición, demanda enormes volúmenes de agua y utiliza sustancias químicas de alto impacto como el cianuro. La minería metalífera a gran escala puede requerir hasta mil litros de agua por cada gramo de oro extraído, además de generar toneladas de residuos.
La contradicción entre el discurso oficial de cuidado del recurso y la habilitación de proyectos extractivos en zonas sensibles no solo es política: también podría implicar un conflicto normativo directo.
Tamar Mining SA, la empresa beneficiada, es una firma reciente, creada en 2023, que forma parte de un entramado con vínculos internacionales. Está asociada al Grupo Meridion del Plata, que opera como puente entre capitales israelíes y proyectos en América Latina.
Entre sus integrantes figuran empresarios con presencia en el sector minero en provincias como Salta, Catamarca y Santa Cruz. La compañía se presenta como promotora de una minería “sustentable”, con tecnología de punta y respeto ambiental. Sin embargo, la falta de información pública sobre el proyecto en Río Negro contrasta con ese discurso.
El avance de este tipo de empresas se inscribe en una lógica más amplia: la consolidación de la Patagonia como territorio de interés para capitales globales, no solo por sus recursos minerales sino, especialmente, por sus reservas de agua dulce.
Tierras, glaciares y antecedentes de apropiación
El área del proyecto no es un territorio vacío. Parte de las tierras involucradas están vinculadas al fideicomiso Amaike, relacionado con capitales de Emiratos Árabes Unidos, y forman parte de una larga cadena de operaciones inmobiliarias iniciadas en los años 2000.
En ese período, extensiones del Cerro Carreras —donde nacen los ríos Chubut, Foyel y Pichileufú— fueron adquiridas a valores irrisorios por empresas extranjeras como la belga BURCO. Posteriormente, esas tierras pasaron por distintas manos, incluyendo empresarios argentinos y estructuras vinculadas a fondos internacionales.
El patrón se repite: adquisición de territorios estratégicos, control de fuentes de agua y posterior avance de proyectos extractivos o especulativos. En varios casos, estas operaciones fueron denunciadas e incluso investigadas judicialmente por afectar derechos territoriales y recursos naturales.
Comunidades sin consulta y señales de alerta
El proyecto impacta directamente sobre territorios habitados por comunidades mapuche, entre ellas la Lof Cayunao, Kom Kiñé Mu y Cipresal de las Huaytecas. Según denuncian, nunca fueron consultadas, en violación a la ley provincial 5755 que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada.
A fines de enero de 2026, integrantes de la comunidad Cayunao alertaron sobre cambios en el agua del río Chubut: presencia de espuma, turbidez creciente y una textura inusual. También señalaron una disminución del caudal en un contexto ya marcado por la sequía.
Para los pobladores del paraje arroyo Las Minas, que dependen del río para consumo humano y animal, cualquier alteración del recurso implica una amenaza directa a su subsistencia. En ese marco, la falta de información oficial profundiza la incertidumbre.
Glaciares en la mira
Uno de los puntos más críticos del caso es la ubicación del proyecto en una zona con presencia de glaciares y ambientes periglaciares. El Cerro Carreras, dentro del área concesionada, mantiene campos de hielo y nieve, y forma parte del sistema hídrico que alimenta al río Chubut.
Según relevamientos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), estos ambientes están protegidos por la ley nacional de Glaciares, que prohíbe actividades que puedan afectarlos. La autorización de cateo en esta zona plantea, como mínimo, dudas sobre el cumplimiento de esa normativa.
En la audiencia pública en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina donde hubo miles de inscriptos, la mayoría son de la provincia de Río Negro. Unas de las oferentes que habló fue la Coordinadora Nacional de la Red Ecosocialista, Jésica Lorena Gentile que expresó: “Acá estaban ejecutando permisos secretos como hace el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El mismo que le lame las botas Joe Lewis y el alumno ejemplar del RIGI. Está firmando acuerdos secretos con las mafias mineras, antes de que se haya aprobado la nueva ley de Glaciares”.
La expansión de la frontera minera hacia la cordillera —históricamente resistida en Río Negro— marca un cambio de paradigma en la política extractiva provincial.
El proyecto político y el modelo en disputa
La iniciativa para derogar el permiso, impulsada por la ex senadora de Río Negro, Magdalena Odarda, quien también estuvo presente en la audiencia en el Congreso, pone el foco en la incompatibilidad entre la emergencia hídrica y el avance de la megaminería. El proyecto plantea anular los actos administrativos que habilitaron el cateo, señalando posibles irregularidades.
Pero el conflicto excede lo técnico. Se trata de una discusión de fondo sobre el modelo de desarrollo: por un lado, la expansión de actividades extractivas orientadas a la exportación; por otro, la preservación de recursos estratégicos como el agua en un contexto de crisis climática.
El avance del proyecto minero en el Alto Río Chubut que trastoca recursos hidricos en Río Negro, condensa múltiples capas de conflicto por decisiones administrativas opacas, intereses económicos globales, territorios en disputa y comunidades que denuncian vulneración de derechos.
En una provincia donde el agua ya es un recurso escaso, la habilitación de actividades que podrían comprometer su disponibilidad no pasa desapercibida. En este escenario, no es solo ambiental ni jurídica. Es política: quién decide sobre los bienes comunes y bajo qué prioridades. Y, sobre todo, cuál es el costo real de apostar al oro cuando lo que está en juego es el agua.
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