Un informe expuso groseras inconsistencias en el Ente Vial de General Pueyrredón, con diferencias millonarias, déficit financiero y multas a autoridades municipales.
El manejo de los fondos destinados a la obra pública en la ciudad costera quedó bajo fuerte cuestionamiento tras una resolución del Tribunal de Cuentas bonaerense que detectó irregularidades en el funcionamiento del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público de General Pueyrredón (EMVIAL).
El organismo de control observó deficiencias en los procesos de contratación, inconsistencias en la documentación y, especialmente, problemas en la certificación de trabajos realizados. En ese marco, parte de los gastos analizados no fue convalidada, lo que implica que no logró ser debidamente justificada dentro de los parámetros legales y administrativos vigentes.
Uno de los puntos más sensibles del informe radica en la relación entre los pagos efectuados y la ejecución efectiva de las obras. Según se desprende del expediente, el Tribunal puso bajo la lupa certificaciones y respaldos técnicos que no resultaron suficientes para validar los desembolsos realizados.
Posibles sobreprecios: ¿Qué dicen los números?
Aunque el fallo no utiliza de manera directa el término “sobreprecios”, sí expone inconsistencias relevantes en los montos vinculados a la obra pública que abren ese interrogante.
Uno de los datos más sensibles surge de la diferencia detectada en el registro de obras públicas: el Sistema de Bienes Físicos arrojó un saldo de 3.134.688.655,01 pesos, mientras que la cuenta contable correspondiente reflejaba 2.095.400.325,21. Es decir, una brecha de más de 1.039 millones sin conciliación clara.
Para el Tribunal, esta diferencia no pudo ser debidamente explicada por las autoridades del ente, lo que impide validar con precisión el valor real de las obras ejecutadas.
A esto se suma otro dato estructural: el organismo cerró el ejercicio con un déficit financiero de 1.376.805.318,38, en un contexto donde además se registraron gastos por más de 16.109 millones con imputación presupuestaria.
En términos de control público, este tipo de inconsistencias —sumadas a problemas en certificaciones y respaldos técnicos— suelen ser consideradas señales de alerta, ya que impiden verificar con precisión la correspondencia entre lo pagado y lo efectivamente ejecutado.
Irregularidades estructurales y control en la mira
El cuadro que describe el Tribunal no remite a un hecho aislado, sino a un conjunto de observaciones que afectan distintos aspectos de la gestión: desde los procedimientos administrativos hasta la validación técnica de las obras.
Además de las inconsistencias contables, el informe advierte sobre un desequilibrio financiero del ente, que cerró el ejercicio con un resultado negativo superior a los 1.376 millones. Las autoridades atribuyeron este déficit a factores macroeconómicos, aumento de costos e incumplimientos en transferencias de fondos, aunque el Tribunal consideró que existieron responsabilidades en la gestión.
En este contexto, la falta de convalidación de parte de los gastos públicos introduce un elemento especialmente delicado: se trata de fondos que, para el organismo de control, no cuentan con el respaldo necesario que permita garantizar su correcta utilización.
Quiénes fueron sancionados y cuánto deberán pagar
El fallo no se limita a señalar irregularidades: también avanza sobre la imputación de responsabilidades a funcionarios y establece sanciones económicas.
Los principales alcanzados son:
– Guillermo Tristán Montenegro (intendente): multa de 280 mil.
– Mariano Bowden (presidente del EMVIAL): multa de 290 mil.
– Mauro Asdrúbal Martinelli (secretario Legal, Técnico y de Hacienda): multa de 280 mil.
– Christian Sebastián Potenza (contador del ente): multa de 290 mil.
– Ignacio Álvarez (responsable de Bienes Físicos): amonestación.
Las sanciones se vinculan tanto a inconsistencias contables como al incumplimiento de normas relacionadas con el equilibrio financiero del organismo.
Empresas bajo la lupa: un dato ausente
Un aspecto llamativo del expediente es que no detalla qué empresas participaron en las contrataciones observadas. Esta ausencia limita la posibilidad de reconstruir el circuito completo del gasto público y deja abierta una zona clave para el análisis: la relación entre el ente estatal y los proveedores privados involucrados en la ejecución de las obras.
El dato cobra mayor relevancia al vincularse con antecedentes recientes. Tal y como lo difundió REALPOLITIK días atrás, otra resolución del organismo sobre la administración central de la municipalidad de General Pueyrredón ya había advertido sobre más de 17.000 millones en gastos sin respaldo, además de déficit, irregularidades administrativas y posibles sobreprecios en distintas áreas de la gestión municipal.
En conjunto, ambos fallos empiezan a delinear un patrón: observaciones reiteradas sobre el uso de fondos públicos, debilidades en los controles y crecientes interrogantes sobre la transparencia en la ejecución del gasto estatal.
Realpolitik.com
