El municipio financia la gratuidad de los corredores 2, 5 y 7 mientras improvisa soluciones tras el colapso de FAM.
La Municipalidad de Córdoba mantiene un precario plan de contingencia para intentar subsanar la parálisis del transporte urbano. Tras la rescisión del contrato con el Grupo FAM, el sistema opera apenas al 80% de su capacidad diaria. La ineficiencia en la gestión previa obligó a poner en marcha un esquema de emergencia que todavía deja a miles de usuarios con frecuencias de 30 minutos.
Para intentar mitigar el impacto de su propia impericia, el Palacio 6 de Julio sumó unidades de la estatal Tamsau al corredor 2. Actualmente circulan 155 colectivos operados de forma mixta por empresas que deben cubrir los huecos de una licitación fallida. Esta respuesta espasmódica no oculta que la problemática de fondo, generada por la inutilidad administrativa, sigue sin una resolución definitiva y sostenible.
La falta de control sobre las prestatarias derivó en un sabotaje que dejó al sistema atado con alambres. Mientras se negocia con nuevos operadores, el municipio decidió que el servicio sea gratuito en las líneas afectadas. Esta medida representa un drenaje de fondos públicos millonario, ya que el Estado absorbe el costo total de los viajes en los corredores 2, 5 y 7.
Despilfarro de recursos y tecnología obsoleta ante la emergencia
El Observatorio de la Movilidad admite que todavía falta un 20% de operatividad para normalizar el servicio urbano. Los vecinos de las líneas 600 y 601 padecen esperas prolongadas bajo un esquema que el municipio califica como un avance logístico. La desidia estatal en la fiscalización del contrato con FAM terminó cargando la factura de la crisis sobre los hombros del contribuyente cordobés.
Incluso el seguimiento tecnológico de las unidades refleja el atraso de la gestión de Daniel Passerini. Solo el 80% de las unidades de emergencia pueden ser identificadas en la aplicación Tu Bondi tras varios días de parálisis. La incapacidad para integrar rápidamente las validadoras de boletos impide retomar el cobro, perpetuando el gasto público ineficiente.
La solución de fondo para el transporte requiere seguridad jurídica y menos intervencionismo arbitrario por parte de la Secretaría de Movilidad. Los parches actuales solo prolongan la agonía de un sistema que fue devastado por la falta de gestión de Passerini. Hasta que no se formalice la llegada de inversores privados serios, Córdoba seguirá prisionera de la improvisación municipal permanente.
El costo de oportunidad de los millones de pesos invertidos en esta contingencia es altísimo para una ciudad con deudas en infraestructura. Mientras el ejecutivo festeja el arribo de unidades usadas, la calidad del servicio sigue lejos de los estándares básicos. La libertad de movimiento de los ciudadanos no puede quedar sujeta a los errores de una burocracia que no sabe gestionar contratos básicos.
