La UEJN acusó al juez electoral de proselitismo político en Tribunales. La crisis se agrava por los ascensos de familiares.
La Justicia Federal de Córdoba atraviesa una crisis institucional inédita por el manejo discrecional de los recursos públicos. El gremio judicial UEJN denunció penalmente al juez Miguel Hugo Vaca Narvaja por presunto proselitismo político dentro del fuero. La acusación agrava el clima de tensión tras conocerse maniobras de nepotismo que favorecen a la casta local con cargos en el Estado.
La presentación lleva la firma de Julio Piumatto y acusa al magistrado de liderar una agrupación kirchnerista interna. Señalan que se utiliza el sótano de tribunales como un “bunker” militante y se aplican premios y castigos al personal según su lealtad. Advierten sobre discriminación y hostigamiento contra quienes no se alinean con la facción política que respondería al juez.
Vaca Narvaja rechazó las imputaciones, aseguró ser ajeno a las internas gremiales y calificó la denuncia de falsa e injuriante. Defendió la labor de los contratados durante las elecciones y sostuvo que su juzgado mantiene al día las causas sensibles. La Cámara Nacional Electoral deberá definir si abre un sumario para investigar el uso partidario de la estructura judicial.
Favoritismo y apellidos del poder
El escándalo cobra otra dimensión con los recientes ascensos de familiares directos de figuras políticas y judiciales de Córdoba. Carolina Aguad, esposa del diputado Rodrigo de Loredo, fue promovida a secretaria del Tribunal Oral Federal 2 en una maniobra cuestionada. La funcionaria saltó escalones del escalafón con solo cuatro años de antigüedad, algo inusual para el mérito requerido en el cargo.
Otra polémica envuelve a la Cámara Federal, que regularizó a 22 empleados en una acordada firmada por el juez Abel Sánchez Torres. Si bien el magistrado se excusó formalmente por decoro, suscribió el acto administrativo donde figura el nombramiento de su propio hijo. Estas prácticas endogámicas contrastan con la realidad del sector privado y cuestionan la ética en la función pública.
Desde el gremio alertaron sobre la existencia de “carreras meteóricas” y rechazaron los llamados “saltos de garrocha” en los ascensos. Exigen que se respete el escalafón para evitar que los cargos se asignen por portación de apellido o vínculos políticos. La disputa expone cómo la política y los lazos familiares colonizan espacios que deberían regirse estrictamente por la idoneidad profesional.
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