El ex titular de la Fundación Valdocco afronta acusaciones federales por traslado ilegal de menores y fraude estatal.
El cura kirchnerista Juan Carlos Molina, fundador de la organización Valdocco y referente político de Fuerza Santacruceña, juró como diputado nacional mientras carga con una serie de denuncias de extrema gravedad: traslado ilegal de menores, presunta trata con fines de explotación, abuso, falsificación de documentación y defraudación al Estado. Su ingreso a la Cámara quedó bajo la lupa de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá analizar si el nuevo legislador cumple con las condiciones para asumir plenamente la banca.
Las denuncias, varias de ellas radicadas en la justicia federal desde hace años, involucran la estructura educativa y asistencial de la Fundación Valdocco en Chaco y Santa Cruz. Según consta en presentaciones oficiales y testimonios incorporados a la causa, niños y adolescentes habrían sido trasladados desde el Chaco hasta Cañadón Seco y El Calafate sin autorización de sus familiares ni aval gubernamental. Los movimientos incluían más de 3.000 kilómetros y, según el abogado Sergio Macagno, existían indicios de manipulación de datos personales y falsificación de documentación para encubrir los traslados.}
La situación se vuelve aún más delicada por la existencia de irregularidades en el manejo de fondos públicos. La fundación recibía subsidios estatales para sostener escuelas y residencias, pero las auditorías detectaron que decenas de docentes figuraban cobrando simultáneamente en sedes de dos provincias distintas. La denuncia presentada por la presidenta del Consejo de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, reactivó la causa y le dio al expediente una dimensión nacional.
Macagno explicó que el Congreso no está obligado a esperar un procesamiento judicial para intervenir. El reglamento es claro: si las denuncias son de gravedad suficiente, la Cámara puede impedir el ingreso de un diputado electo. El análisis recaerá sobre la Comisión de Poderes, que deberá evaluar la documentación antes del 10 de diciembre. Allí se considerarán dos elementos: la entidad de los delitos denunciados y el avance de la investigación en ambas jurisdicciones.
El antecedente más cercano ocurrió en 2017, cuando la Legislatura porteña evaluó los antecedentes de una diputada electa por una causa de violencia intrafamiliar antes de permitir su juramento. En este caso, la situación es más compleja: involucra delitos federales, menores de edad y una operatoria que habría tenido ramificaciones en dos provincias durante más de una década.
Si la Cámara decidiera no admitirlo, la banca quedaría en manos del suplente de la lista. Molina, sin fueros, debería enfrentar las acusaciones como cualquier ciudadano. Pero si el Congreso lo habilita, el legislador kirchnerista asumirá mientras la justicia continúa investigando uno de los casos más sensibles de los últimos años.
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