El Poder Ejecutivo evaluó riesgos vinculados a factores climáticos, energéticos y precios agrícolas en el informe que acompaña al proyecto que envió al Congreso. La gestión libertaria ratifica el compromiso con el equilibrio fiscal, aunque relajó sus objetivos
En el documento presentado junto al proyecto de Presupuesto 2026, el Gobierno de Javier Milei identificó “riesgos fiscales” con capacidad de alterar el superávit de las cuentas públicas y afectar variables macroeconómicas relevantes. El análisis se centró en la posible incidencia de una sequía o la baja en los precios internacionales de la soja, principal cultivo de exportación de Argentina, y advirtió sobre los efectos que podría causar una caída en los valores del petróleo durante el crecimiento de Vaca Muerta.
El reporte oficial incluyó estimaciones numéricas sobre las consecuencias de diversos shocks negativos. Una sequía moderada reduciría el PIB en 1,2 puntos porcentuales respecto a la línea de base, una sequía severa implicaría una baja de 1,8 puntos y un escenario extremo llegaría a –2,4 puntos. El sector agropecuario figura como el más afectado, con retrocesos estimados de –12,3%, –17,8% y –24,6%, respectivamente. Por su parte, consumo e inversión registrarían caídas menores, entre –0,8% y –1,6%.
Los ingresos fiscales también se verían afectados, aunque en dimensiones más acotadas. Las proyecciones muestran reducciones de hasta 0,2% del PIB en ingresos y un deterioro del resultado primario entre 0,2% y 0,3% del PIB, según la intensidad de la sequía.
En cuanto al panorama energético, una baja de los precios internacionales del petróleo tendría consecuencias negativas sobre la economía argentina. Una caída de una desviación estándar en el precio del barril —de USD 61 a USD 48,1— provocaría una reducción de 0,07 puntos en el PIB y un deterioro de 0,2% del PIB en el resultado primario. Si el descenso alcanza dos desviaciones (hasta USD 24,6), la contracción llegaría a 0,2 puntos del PIB y el deterioro fiscal a 0,6% del producto.
Respecto a la soja, el informe consideró el impacto de una baja en el precio de referencia de USD 386 por tonelada a USD 333,7 (una desviación estándar) y a USD 217,5 (dos desviaciones). En ambos escenarios, los efectos sobre la economía serían limitados: el PIB bajaría 0,01 y 0,03 puntos, y el balance fiscal primario se vería perjudicado en 0,04% y 0,15% del PIB, respectivamente.
El Ministerio de Economía destacó en el informe: “Estos resultados permiten visualizar la sensibilidad de las principales variables ante cambios relevantes en las condiciones externas e internas”. Los modelos proyectan caídas más marcadas en ingresos que en gastos, exponiendo el ancla fiscal a influencias globales y meteorológicas.
Según el escrito enviado al Congreso, la materialización de shocks negativos podría afectar tanto el desempeño económico como las variables responsables de definir recursos y gastos de la Ley de Presupuesto. La previsión central del equipo de Luis Caputo parte del equilibrio fiscal, aunque reconoce la posibilidad de desviaciones frente a estos riesgos.
La estabilidad del ancla fiscal depende de la normalización de la actividad local, el comercio exterior, la fortaleza de la cadena global de suministros y las condiciones climáticas domésticas. El principal riesgo detectado es la posibilidad de una “sequía extraordinaria, similar a la de 2023”, con impacto inmediato sobre la recaudación tributaria y el ingreso de divisas.
La producción de soja y de otros cultivos estratégicos resulta fundamental para la recaudación. El reporte detalla: “Un desastre natural, como la sequía registrada durante la campaña pasada, generó pérdidas considerables de exportaciones y redujo el flujo de recursos para afrontar los gastos públicos programados”.
El análisis agrega incertidumbre en materia energética, producto de la volatilidad de precios y de posibles cambios inesperados en la demanda interna. El texto advierte que variaciones en la cotización internacional pueden elevar los pagos por importación de energía.
El Poder Ejecutivo remarcó la relevancia de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El cumplimiento de varias metas depende de la evolución de las exportaciones agroindustriales y de las reservas, ambos sensibles tanto a eventos climáticos como a alteraciones en los precios internacionales. El Gobierno relajó la meta de acumulación de reservas y ahora sembró dudas sobre los objetivos fiscales.
A nivel interno, la recaudación impositiva y el margen para ajustar las transferencias discrecionales siguen siendo determinantes clave. El Presupuesto 2026 incluye estimaciones prudentes, aunque deja abierta la posibilidad de movimientos inesperados en las cuentas públicas originados por shocks exógenos sobre los precios de la energía, la producción agrícola o el comercio internacional.
Los factores climáticos adversos recibieron atención especial; el reporte menciona el posible impacto de un “ciclo húmedo que cause inundaciones y perjudique la zona núcleo”, con consecuencias negativas en la productividad, la balanza de pagos y la organización federal.
La dependencia de las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos convierte a las campañas agropecuarias en un eje central de la recaudación nacional y provincial. Una baja significativa en la producción impactaría en la recaudación de ambos niveles de gobierno, con influencia sobre el tipo de cambio y la inflación.
En el plano externo, el informe advierte sobre el riesgo de un deterioro en los términos de intercambio o un retroceso en mercados como Brasil o China, destinos clave de las exportaciones argentinas. Tal escenario tendría efectos sobre la actividad, el empleo y los ingresos públicos.
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